Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) de las 3.471 iniciativas bajo esa modalidad, solo 25 han presentado dificultades.

Pese a lo que se especula, el riesgo de posibles desviaciones de recursos con los anticipos, que se hacen en los contratos de obra pública, son muy bajos.

Así lo indica un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que luego de recibir información de 35 entidades públicas del orden estatal y distrital, encontró que entre el 2007 y el 2017 el porcentaje de siniestros en todos los contratos hechos bajo esa modalidad, fue de solo el 0,72%.

En otras palabras, de los 3.471 contratos celebrados bajo esa modalidad, solo 25 presentaron incidentes que tenían que ver con el mal manejo o la incorrecta inversión de esos anticipos en los contratos de obra, interventoría y/o consultoría.

De acuerdo con Argelino Durán, presidente de la SCI, eso es una señal de que los anticipos, bien regulados, son una buena opción para que se ejecuten este tipo de contratos. “Las mayores beneficiadas de este tipo de financiación para estas obras son las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, que contratan con el Estado”, manifestó el dirigente gremial.

Aunque el panorama general es positivo, hay excepciones. En el 2010 se reveló que más de $80.000 millones provenientes de esos anticipos se destinaron a intereses distintos relacionados al caso de corrupción conocido como ‘el carrusel de la contratación’.

Para evitar que siguieran ocurriendo más incidentes de desviación de recursos, el Gobierno tomó una serie de medidas para restringir esos anticipos a las obras, lo que, según la SCI, ha afectado la ejecución de varios proyectos.

“En la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, se establecieron medidas estrictas para el giro de esos anticipos”, señala el texto.

Con eso, algunas entidades del Gobierno, según relata la SCI, optaron por la política del ‘uso excepcional’ o de ‘cero anticipos, “generando que las empresas de los sectores de obra pública, interventoría y consultoría, se vean en la obligación de apalancar financieramente los contratos públicos”, indica el informe.

Una consecuencia de ello, dice la SCI, es que en diferentes casos se ha atrasado el desarrollo de proyectos, por dificultades y costos de financiación bancaria. Es por eso que el gremio apoya esta modalidad de pagos por adelantado para que se ejecuten las obras.

Incluso, destaca que la pérdida de recursos es apenas una excepción en esos casos. “Se puede concluir que de $15,7 billones contratados con la modalidad de la entrega de anticipos, hubo siniestros por valores de $16.000 millones de pesos. En montos, esto significa una incidencia de 0,1%”, dice el informe.

Por su parte, Durán destaca que este modelo ha sido bien utilizado y se debe asegurar que continúe funcionando para los contratos de obra pública, aunque no necesariamente para las concesiones.

“Ha habido una mala información con los anticipos. Hay varios sectores políticos que creen que este es un foco de corrupción y eso no es así. La mayoría de las veces, como lo demostramos en el análisis que hicimos, los contratos se ejecutan correctamente”, manifestó el dirigente gremial.

El análisis que hizo la SCI, a propósito de las propuestas de Cambio Radical para acabar con esta modalidad (ver recuadro), finalmente destaca que con los resultados totales se puede observar “que de acuerdo con datos reales, suministrados por las empresas públicas –que participaron de la encuesta–, es un hecho fáctico que los siniestros por mal manejo de anticipo son casuales y no se percibe que hubiera hechos reiterativos por parte de los contratistas. en conductas referentes a malos manejos del anticipo”, reza el documento.

Durán, a su turno, advirtió que ese tipo de iniciativas afectarían seriamente al sector.

LA PROPUESTA POLÍTICA

En el paquete anticorrupción que presentó el partido político Cambio Radical la semana pasada, se incluye un apartado en el que proponen que se acaben con los anticipos en los contratos de obra pública.

Ante la propuesta, el presidente de la SCI, Argelino Durán, le explicó a este diario, que en caso de que esa propuesta sea aprobada, los mayores damnificados serían las pequeñas y medianas empresas.

“Eso nos tiene preocupados porque del universo de compañías de ingeniería que hay en el país, las pymes son más del 90%. Si se acaban los anticipos, muchas se acabarían”, puntualizó.

Ver Informe Completo en Anales de Ingeniería