Con un mensaje de compromiso y unidad de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI y de la ingeniería con el país, frente a la crisis generada por el Covid 19, el presidente de la SCI, Germán Pardo Albarracín, participó el pasado 12 de mayo, en el foro “Contratación estatal y COVID-19”, organizado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP de la Procuraduría General de la Nación de manera virtual.

El ingeniero Pardo compartió reflexiones con Camilo Gómez Álzate, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica; Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia de la Justicia; Juan Carlos Quiñonez, Co-Founder Soul Company; Diana Dajer Barguil, directora del IEMP e Iván Gómez Lee, procurador delegado para la Conciliación Administrativa.

En su intervención, el ingeniero Pardo resaltó el trabajo y las actividades la SCI para generar propuestas al Gobierno Nacional y ayudar a la toma de decisiones. Puesto que debido a la pandemia en el sector de la ingeniería alrededor de 1.300.000 empleos quedaron detenidos de manera inmediata. Puso a disposición del país el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la SCI , para dirimir y conciliar todos los aspectos técnicos.

“El gremio de la ingeniería está comprometido con el país, definiendo una política clara con el Gobierno, determinando los costos adicionales, así como los mecanismos expeditos para evitar problemas futuros”. Explicó.

Igualmente analizó los retos del país frente a la reactivación del sector de ingeniería y construcción de edificaciones y de obras civiles, resaltando la ventaja que tiene la ingeniería de organizarse rápidamente y ser motor de la reactivación de la economía.

“Para evitar la corrupción durante esta crisis, se debe crear un mecanismo para el reconocimiento, por ejemplo, gastos reembolsables con un porcentaje de administración para los elementos de bioseguridad, previa fijación de tope de precios”, puntualizó.

Este evento liderado por la Procuraduría General de la Nación busca identificar las incidencias que están afectando la contratación estatal. Así como analizar los medios jurídicos aplicables y soluciones a las situaciones existentes.