Informe de la SCI señala que tres de cada cuatro licitaciones en las ciudades reciben menos de tres interesados.

La contratación pública en las regiones y capitales de Colombia son blanco de la corrupción y hasta de las extorsiones a los contratistas.

La afirmación fue hecha por Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), quien aseguró que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos Nacional y regionales, las licitaciones siguen quedando en manos de unas pocas empresas. “Esa cultura de pedir plata por los contratos está enquistada en las entidades públicas. Lo que está pasando en la contratación regional ya no es un tema de corrupción, sino de extorsión: las instituciones regionales les dicen a los posibles interesados que, si desean participar, deben pagar”, agregó el directivo.

MENOS DE 3 PROPONENTES

El tema se puede observar en el informe de contratación pública regional del 2016, que hace la SCI, en el cual se analizaron 1.288 contratos (entre licitaciones públicas, concursos de méritos, selecciones abreviadas y subastas inversas), de los cuales el 75% recibió tres o menos proponentes formales.

Incluso, de este universo analizado, a la mitad de los contratos solo se presentó un interesado formal, llevando a que el promedio total de contratistas comparecidos a los distintos tipos de contratos llegara apenas a 3,4%, en todo el 2016.

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“Los datos muestran un comportamiento sistemático de contratación en las regiones, que deja ver que esta es una situación de todos los días”, agregó Durán.

Las cifras son contundentes, si se tiene en cuenta que los resultados entregados por ciudades como Leticia, Quibdó y Mitú, las cuales registraron promedios de apenas un proponente por cada contrato.

De este balance del año pasado solo se salvan Manizalez,Bucaramanga, Medellín, Ibagué y Barranquilla, urbes que registraron más de 6 contratistas potenciales, mientras que solo dos ciudades recibieron solicitudes formales de entre 3 y 5 proponentes (Cali, Pasto, Neiva, Popayán y Pereira).

En cuentas claras, esta radiografía de la contratación pública “deja entrever que se ha vuelto parte de la cultura regional la falta transparencia y de voluntad política para terminar con este flagelo, el cual ni siquiera culminará ni con la posible aprobación de los pliegos tipo, pues hemos evidenciado toda forma de trampas en los contratos de las regiones”, indicó Durán.

PLIEGOS TIPO

Las cifras son contundentes, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) recibe entre 106 y 212 proponentes para carreteras, y entre 35 y 64 si se trata de puentes, claro está, cuando son contratos que rondan en un rango entre $1.200 y $13.800 millones.

Un ejemplo de esto es el programa de Vías para la Equidad –que son las principales carreteras de ingreso y salida de poblaciones apartadas–, que el año pasado adjudicó cuatro procesos por casi $60.000 millones, para los cuales se presentaron, en promedio, 54 firmas.

“El referente para que el pliego tipo se extienda a todas las obras ya se está aplicando en el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este hace parte de un proyecto de ley que está en curso en el Congreso y responde a que todas las entidades territoriales adopten los pliegos tipo, con el fin de que haya pluralidad de oferentes, y no aquellos denominados como ‘tipo sastre’, que están hechos para un único proponente”, aseguró Carlos García, director del Invías.

La propuesta también prevé que a las licitaciones se presenten micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como se viene desarrollando en el Instituto Nacional de Vías.

De hecho, en cifras preliminares del 2017 –a corte del 15 de mayo–, 2.812 mipymes se presentaron para 19 licitaciones públicas, por valor de $60.000 millones, lo que muestra un promedio de casi 150 firmas por cada una, “revelando la pluralidad en todos los procesos”, concluyó García Montes.

PLIEGO TIPO AVANZA EN EL CONGRESO

La propuesta de definir un pliego tipo (es decir, estándar) para la contratación pública en Colombia va por su tercer debate en la Comisión I de la Cámara de Representantes, luego de ser aprobada en comisión y plenaria de Senado. Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, indicó que “además de esta propuesta, que se enmarca dentro de las modificaciones a la ley de contratación pública, también se está trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) buscando crear un mecanismo de vigilancia y revisión, con el fin de evitar a toda costa la colusión, es decir, un acuerdo entre dos o tres privados para eliminar a uno o más aspirantes”.

Fuente: Portafolio