El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Hernando Monroy Benítez, se reunió con el arquitecto Ricardo Ramírez, asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un encuentro técnico al que asistieron los ingenieros José Joaquín Álvarez (miembro de la Junta Directiva), Silvia Álvarez (presidenta de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras), Carlos Eduardo Ruiz, Juan Tamasco (miembro de la CTP de Estructuras) y el equipo directivo de la agremiación.
Durante la reunión se analizó el comunicado oficial del Colegio Nacional de Curadores Urbanos, en el que se precisa que el Decreto 1166 no elimina la exigencia de licencias de construcción en el país. El documento aclara que la nueva norma introduce la figura de la Carta de Responsabilidad únicamente para intervenciones financiadas con subsidios familiares de vivienda, en modalidades como mejoramiento, vivienda progresiva, construcción en sitio propio o autogestión.
A partir de esta revisión, Ricardo Ramírez explicó que el decreto tiene un alcance limitado y que la mayoría de los proyectos de construcción seguirá tramitando licencias ante curadurías o autoridades municipales. Señaló que el propósito del Gobierno es facilitar intervenciones seguras en miles de viviendas vulnerables, con un mecanismo ágil que permita avanzar en los programas de mejoramiento sin desconocer las exigencias técnicas mínimas. Agregó que su correcta implementación requerirá una reglamentación clara, sencilla y aplicable por parte de las entidades territoriales.
Por parte de la SCI, José Joaquín Álvarez expuso el contexto técnico y normativo que durante años ha dificultado el mejoramiento de vivienda en Colombia, incluyendo las limitaciones del reconocimiento posterior a 2012, la falta de herramientas prácticas para la vivienda informal y las dificultades para obtener licencias de reforzamiento. Recordó que estimaciones técnicas indican que entre el 50 % y el 70 % de las viviendas del país presentan algún nivel de vulnerabilidad estructural, lo que exige mecanismos realistas para intervenirlas de manera segura. También citó cifras del DANE que muestran un déficit habitacional superior a 5,2 millones de hogares, de los cuales más de 3,8 millones corresponden a déficit cualitativo.
En ese mismo sentido, Ramírez complementó que el Decreto 1166 debe entenderse en conjunto con el Decreto 413 de 2025, donde se definen los topes de inversión y modalidades de intervención. Explicó que la lectura conjunta de ambas normas permite comprender el enfoque del Gobierno, basado en la reducción progresiva de vulnerabilidad, es decir, intervenciones graduales y técnicamente acompañadas, orientadas a disminuir los riesgos de manera realista y viable para familias que ejecutan obras por etapas. Este enfoque—coincidieron los asistentes—exige definir criterios mínimos verificables que permitan intervenciones seguras, de bajo costo y acordes con la realidad de los barrios informales del país.
Durante el encuentro, Silvia Álvarez y Carlos Eduardo Ruiz presentaron los avances del programa de certificación en supervisión técnica que viene desarrollando la SCI. Esta iniciativa busca fortalecer la verificación técnica de proyectos, alinear la supervisión con los requisitos de la NSR-10 y consolidar una base de profesionales capacitados para asumir los roles asociados a la Carta de Responsabilidad. También destacaron el trabajo articulado con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y otros gremios para establecer estándares comunes de supervisión y responsabilidad profesional.
La sesión permitió avanzar en la propuesta de que la SCI participe en la reglamentación del contenido y alcance de la Carta de Responsabilidad, así como en la formación y certificación de los profesionales que intervendrán en los programas de mejoramiento a nivel nacional, departamental, municipal y en el marco de las cajas de compensación. Se insistió además en la importancia del control fiscal para garantizar la adecuada ejecución de los recursos públicos destinados a estas intervenciones.
Al cierre, el presidente Hernando Monroy Benítez destacó la importancia de abordar este proceso con rigor técnico. “La SCI pone a disposición del país sus capacidades en ingeniería, supervisión técnica y formulación normativa. Es fundamental que cualquier ajuste preserve la seguridad estructural y garantice intervenciones de calidad para los ciudadanos”, afirmó.
Finalmente, la SCI y el Ministerio acordaron avanzar en la elaboración de un documento técnico conjunto que contribuya a la reglamentación del Decreto 1166 y fortalezca la articulación institucional en temas de vivienda segura y responsabilidad profesional.

Decreto 1166

Decreto 0413 de 2025