La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la instalación de una mesa técnica interinstitucional para evaluar los efectos del proyecto de decreto que modifica el Decreto 1881 de 2021 y que eleva a 35% los aranceles de varias subpartidas siderúrgicas.

La agremiación advirtió que la medida podría tener consecuencias directas en la ejecución de obras públicas y privadas, así como en la disponibilidad y costo de insumos especializados utilizados en infraestructura y en sistemas de protección contra incendios, un segmento donde la dependencia de importaciones es prácticamente total.

Insumos críticos y riesgo de sobrecostos

De acuerdo con la SCI, el análisis del proyecto y de los insumos sectoriales —incluida información técnica de ANRACI Colombia, gremio especializado en protección contra incendios— evidencia que componentes como la tubería certificada UL/FM, obligatoria para redes contra incendios en edificaciones, no se produce en el país y que la oferta nacional disponible no supera el 20–25% de la demanda anual.

Con el incremento arancelario propuesto, estos insumos enfrentarían un aumento superior a 25 puntos porcentuales sobre su costo de importación, lo que, según la agremiación, podría traducirse en sobrecostos significativos para proyectos en ejecución y en mayores presiones presupuestales para edificaciones públicas, hospitales, industrias y sistemas de seguridad obligatorios por normativa.

Impactos operativos en infraestructura y seguridad

La SCI también alertó sobre posibles efectos operativos, como demoras en obras, restricciones de disponibilidad y una mayor exposición a prácticas informales o a la adquisición de materiales que no cumplen especificaciones técnicas, especialmente en el caso de tubería para sistemas contra incendio, donde la certificación internacional es un requisito de seguridad y no un atributo opcional.

El análisis señala que, mientras la industria siderúrgica nacional tiene capacidad para abastecer productos generales como aceros largos y perfiles estructurales, no ocurre lo mismo con insumos de alta especialización, cuya ausencia o encarecimiento podría afectar la continuidad de proyectos y el cumplimiento de normas de protección de vida y bienes.

Un llamado a decisiones basadas en evidencia

Ante este panorama, la SCI propuso que la mesa técnica permita revisar:

  • Los impactos técnicos y económicos del aumento arancelario.
  • La capacidad real de oferta nacional por tipo de producto.
  • Los riesgos asociados a la disponibilidad de insumos esenciales para la seguridad humana.
  • La pertinencia de un tratamiento diferenciado para productos que el país no produce y cuya ausencia afecta la infraestructura crítica.

Hacia una medida equilibrada

La SCI y ANRACI coincidieron en la necesidad de que la decisión arancelaria se ajuste a criterios técnicos y a la información disponible sobre la cadena productiva, de modo que el país pueda fortalecer su industria sin afectar sectores que dependen de insumos especializados.

La agremiación insistió en que el país necesita una medida equilibrada, construida a partir de información verificable y del diálogo entre Gobierno, industria y sectores técnicos, con el fin de evitar impactos no previstos en la seguridad de edificaciones y en la continuidad de los proyectos de infraestructura.