El 28 de septiembre, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) reunió a profesionales de Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca en los Encuentros Regionales: Ingeniería para los Territorios – Zona Central. La primera jornada, dedicada a «Lecciones en curso: experiencias regionales para la recuperación y la resiliencia territorial», permitió contrastar lo observado en campo con los criterios que se utilizan para inspeccionar edificaciones y decidir cómo intervenirlas.

Al instalar el encuentro, el presidente de la SCI, Hernando Monroy Benítez, recordó que el trabajo iniciado en el sector vivienda tras el sismo dio paso a una mesa técnica ampliada. Según explicó, este espacio reúne a profesionales y organizaciones de distintas áreas para aportar propuestas a la recuperación y a las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. La mesa, instalada con cerca de 130 asistentes, agrupa a unas 30 universidades, al Colegio Máximo de las Academias, a los consejos profesionales de ingeniería y a las comisiones técnicas y regionales de la SCI. Monroy anunció que uno de los productos del encuentro será una propuesta al Gobierno nacional para crear un comité permanente de emergencias.

Bogotá puso cifras a un escenario posible

En la conferencia Un sismo en Bogotá, Guillermo Escobar Castro, director general del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), presentó los resultados de un escenario hipotético basado en un sismo de magnitud 7,0, a 40 kilómetros de la ciudad. Bajo esas condiciones, el ejercicio estima 257.193 predios con daños fuertes o severos y 85 billones de pesos en pérdidas directas de edificaciones. Son cifras de una simulación para preparar decisiones: no corresponden a daños causados por el sismo del 10 de agosto ni constituyen una predicción.

Escobar explicó que el ejercicio obliga a prever cuántos edificios habría que inspeccionar, cómo sostener los servicios y con qué recursos se afrontaría una recuperación prolongada. La caracterización presentada por el IDIGER muestra que el 95 % de las edificaciones de Bogotá tiene entre uno y cuatro pisos y que el 74 % fue construido entre 1960 y 1999. La edad o la altura, aclaró, no bastan para saber en qué condiciones se encuentra una construcción.

El director relató además que el Distrito realizó una simulación con su gabinete para examinar cómo tomaría decisiones ante un sismo. Su llamado a prepararse incluyó otra preocupación: una licencia acredita un trámite, pero la seguridad depende también de que el diseño se ejecute correctamente, exista supervisión y se conozca el estado real de la edificación.

El suelo, la norma y lo que ocurre durante la obra

Ese último punto llevó la discusión al panel sobre previsiones, alertas, recursos y comportamiento, moderado por el presidente de la SCI, Hernando Monroy Benítez. Allí, el exdirector del Servicio Geológico Colombiano Adolfo Alarcón planteó que la respuesta de una edificación no se entiende mirando únicamente la fuerza del sismo o su distancia al epicentro. Explicó que las características del suelo influyen en cómo llega el movimiento a la estructura y pidió actualizar los estudios de microzonificación. También advirtió que la revisión de la normativa debe incorporar lo aprendido del evento sin apresurar conclusiones.

Gilberto Areiza Palma, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), coincidió en la necesidad de estudiar mejor la interacción entre el suelo y la estructura. Informó que la revisión del documento para actualizar la NSR-10 avanzaba cerca del 70 %, después de recibir 1.690 observaciones. Se trata de un proceso técnico en curso: durante el encuentro no se anunció la expedición de una nueva norma.

Por su parte, José Joaquín Álvarez, integrante de la Junta Directiva de la SCI y delegado suplente ante la Comisión Asesora Permanente del régimen sismo resistente, repasó las dos tandas de decretos expedidos para la emergencia, de 15 y 11 normas. Se detuvo en el Decreto 1422, del Ministerio de Vivienda, que deberá reglamentarse en dos puntos: las edificaciones prefabricadas que podrán levantarse sin licencia durante la reconstrucción, y el reconocimiento de construcciones anteriores al 10 de agosto en los municipios afectados. Advirtió que reconocer una edificación no debe significar reconstruirla con las mismas deficiencias, y señaló asuntos que requieren atención, entre ellos los anclajes, las separaciones entre elementos y la supervisión de los componentes no estructurales. Recordó además que las edificaciones afectadas tienen un régimen especial de licencias que muchas curadurías desconocen.

Álvarez se refirió también al proyecto de ley que cursa en el Senado para actualizar la Ley 400 de 1997. Entre los temas que la SCI considera clave están la microzonificación sísmica (hoy solo cuatro ciudades la tienen), el reforzamiento de hospitales y colegios, el aislamiento sísmico en hospitales nuevos y el reconocimiento de la AIS como centro consultivo del Gobierno. El mayor general Ricardo Roque abordó la capacidad logística para atender emergencias y la necesidad de preparar recursos y comunicaciones antes de tener que desplegarlos.

El debate dejó dos frentes de trabajo relacionados: revisar los criterios de diseño a la luz de la evidencia que aún se está estudiando y lograr que lo aprobado en los planos se construya y supervise con calidad. Las experiencias regionales mostraron, además, cuánto puede cambiar el comportamiento de una edificación cuando se le agregan pisos, se retiran muros o se combinan materiales sin una revisión técnica.

Lo que encontraron las inspecciones en cinco regiones

Germán Lucumí, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Chocó, y Jorge González Soto, integrante de la comisión enviada por la SCI, expusieron casos de Quibdó en los que una edificación diseñada para dos pisos terminó con cuatro, o un espacio empezó a soportar cargas distintas de las previstas. También describieron las dificultades para llegar a viviendas palafíticas. Advirtieron que las familias de sectores aún no evaluados podrían quedar fuera de los registros con los que se orientan las ayudas. Según las cifras presentadas, en el departamento se registran unas 38.000 familias damnificadas y 12 personas fallecidas, ocho de ellas en Quibdó. Cerca de 33.000 estudiantes resultaron afectados y 84 sedes educativas reportaron daños. La Universidad Tecnológica del Chocó mantiene sus clases de forma virtual. Los ponentes recordaron además que Quibdó no cuenta con un estudio de microzonificación sísmica.

En Caldas, Ricardo Spaggiari, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, informó que en Manizales se reportaban 11.513 viviendas afectadas y que la Alcaldía asumió un crédito de 220.000 millones de pesos para atender la emergencia mientras llegan los recursos nacionales. Relató que inicialmente se utilizaron distintos formatos de inspección y pidió acompañamiento psicosocial para las familias que reciben un concepto sobre su vivienda.

Josué Galvis examinó daños en edificaciones sobre laderas y colinas y planteó estudiar con mayor detalle cómo se combina el movimiento del terreno con la configuración de cada estructura. Señaló que la NSR-10 no contempla los efectos de colina y ladera, que sí incluyen la norma italiana y el Eurocódigo. También llamó la atención sobre los daños en muros y otros elementos que, aun sin provocar el colapso estructural, pueden impedir el uso de un edificio. Y destacó un contraste: los tres edificios de Manizales con aislamiento sísmico y el Hospital de Caldas, reforzado a comienzos de siglo, tuvieron un buen comportamiento.

Desde Risaralda, John Henry Mora, presidente de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, habló de la demanda de inspecciones y de las reparaciones que algunas personas emprenden antes de recibir orientación técnica. Con corte al 27 de septiembre, Pereira registraba 26.734 reportes de afectación: 3.717 con daño total y 10.498 con daño severo. Se habían realizado 11.772 visitas. La Secretaría de Planeación estima la reconstrucción en 10,5 billones de pesos y cinco años de trabajo, mientras que el municipio puede aportar cerca de 500.000 millones. Mora pidió armonizar con lo ocurrido el 10 de agosto la microzonificación que el Servicio Geológico Colombiano entregó en 2021, que aún no ha sido adoptada, y propuso una «curaduría cero» para asesorar a las comunidades en sus intervenciones.

Jorge Iván Herrera presentó viviendas en las que se retiraron muros de la primera planta para ampliar espacios o permitir el ingreso de vehículos. Mostró, además, conjuntos donde las escaleras y divisiones resultaron dañadas y dejaron las edificaciones sin uso, pese a que su estructura principal había resistido. En su lectura, las edificaciones diseñadas con las normas de 1984, 1998 y 2010 se comportaron en general bien en lo estructural. El mayor riesgo está en las construcciones existentes sin diseño y en los elementos no estructurales.

Carlos José Corral Albarello, presidente de la Comisión de Estructuras de la Sociedad Tolimense de Ingenieros, compartió lo observado en una muestra de viviendas de baja altura visitadas en Quindío. Encontró cubiertas pesadas, mezcla de sistemas constructivos, mampostería sin refuerzo y ausencia de diseño en varias de ellas. Su presentación mostró por qué una casa de uno o dos pisos requiere evaluación y por qué las características de sus materiales importan tanto para el diagnóstico como para su eventual reparación.

La experiencia del Valle del Cauca añadió una mirada a la infraestructura que conecta los territorios y sostiene servicios esenciales. Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Ingenieros del Valle, informó que en Cali colapsaron 34 edificaciones, que unas 4.000 fueron calificadas inicialmente como no habitables y que la ciudad ya pasó de las inspecciones visuales a diagnósticos detallados.

Areiza presentó el reporte departamental: 37 corredores viales afectados y 11 puentes colapsados, entre ellos el Mariano Ospina Pérez, que conecta El Cairo y La Unión. Además, 52 hospitales tuvieron afectaciones y 214 de las 338 sedes educativas de Cali reportaron daños. En el Hospital Universitario del Valle colapsó la unidad pediátrica, mientras que la torre más reciente de la clínica Imbanaco, construida sobre aisladores sísmicos, no tuvo inconvenientes. Areiza mostró también daños en muros de mampostería no reforzada, en particular en ladrillos huecos de perforación horizontal, y pidió que las decisiones de demolición se tomen solo después de análisis detallados, porque afectan directamente el patrimonio de las familias. Estas observaciones ampliaron la discusión hacia la continuidad de la movilidad, la educación y la atención en salud durante la recuperación.

Una estructura segura puede necesitar reparaciones extensas

Carlos Arteta, de la Universidad del Norte, presentó investigaciones que calificó como preliminares sobre el movimiento del terreno y el desempeño de edificaciones afectadas. Mostró que el modelo nacional de riesgo sísmico, desarrollado por 14 universidades, había estimado antes del sismo un número de fallecidos cercano al reportado. Explicó que cumplir los objetivos de seguridad de la normativa no garantiza que, después de un sismo fuerte, un edificio quede sin daños o pueda ocuparse de inmediato. Planteó examinar mejor el costo y las condiciones necesarias para recuperar su uso, además de investigar cada caso antes de atribuir un colapso a una causa determinada.

Las escaleras descritas en Risaralda y los daños en muros observados en otras regiones dieron una dimensión práctica a esa discusión. Evitar el colapso y conservar la posibilidad de usar una edificación son resultados diferentes; hospitales, colegios y viviendas necesitan que sus accesos, divisiones y demás componentes funcionen después del movimiento.

La jornada incluyó también la conferencia Ingeniería para la vida, en la que Sofía Spaggiari, de la Fundación Yo Vivo en Gratitud, habló del cuidado personal y los vínculos de apoyo durante la recuperación. En Caldas, la solicitud de acompañamiento psicosocial expuesta por Ricardo Spaggiari mostró una necesidad concreta detrás de esa dimensión humana: las familias deben comprender los conceptos técnicos mientras afrontan decisiones sobre su hogar.

Mejorar la inspección sin reemplazar el criterio profesional

El último panel reunió a cinco profesionales voluntarios que participaron en evaluaciones: Zulma Pardo en Cali, Cirley Hernández Vega en Pereira, Miguel Peralta en Quindío, Francisco Acevedo en Buenaventura y Roberto Icardi en Manizales. Relataron dificultades para aplicar formatos a construcciones tan distintas como una torre urbana, una vivienda de baja altura o una edificación palafítica. Varios propusieron revisar esos instrumentos, capacitar a quienes los utilizan y disponer de versiones digitales y en papel para los lugares sin conectividad.

Los panelistas discutieron el uso de drones e inteligencia artificial para identificar daños y organizar información. Aunque expresaron distintos puntos de vista sobre su alcance, insistieron en que una fotografía o un formulario no reemplazan la inspección y el juicio del profesional responsable de evaluar la seguridad de una edificación.

Las conclusiones técnicas del sismo siguen en elaboración. Las intervenciones del primer día dejaron identificados asuntos para ese trabajo: estudiar cómo respondió el suelo, revisar la norma con la evidencia disponible, mejorar la calidad de la construcción y la supervisión, y completar las evaluaciones en los lugares a los que aún no se ha llegado.