El movimiento que llegó a la roca bajo Pereira y Manizales el 10 de agosto fue moderado, pero en la superficie se multiplicó varias veces. Los registros del sismo mostraron además, por primera vez en Pereira, la respuesta de depósitos profundos que no se había identificado con mediciones anteriores. En la segunda jornada de los Encuentros Regionales de la SCI, especialistas nacionales e internacionales analizaron cómo llevar esa evidencia al diseño, proteger lo que hay dentro de los edificios y reparar sin repetir las mismas vulnerabilidades.
La jornada se realizó el 29 de septiembre en la sede Julio Garavito Armero de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en Bogotá, como segundo día de los Encuentros Regionales: Ingeniería para los Territorios – Zona Central, dedicados a «Lecciones en curso: experiencias regionales para la recuperación y la resiliencia territorial». Además de los especialistas colombianos, participaron conferencistas que compartieron experiencias de Chile, Perú, México, Venezuela y Estados Unidos.
El suelo explica buena parte de lo ocurrido
El ingeniero Edgar Rodríguez, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, recordó que el sismo ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y que la ruptura se propagó durante 40 a 50 segundos a lo largo de más de 100 kilómetros hacia el suroccidente. Las aceleraciones que llegaron a la roca en Pereira, Manizales y Cali fueron bajas frente al 25 % de la gravedad con el que se diseñan las edificaciones en esas ciudades. En el sismo de 1999, en cambio, Armenia registró 28 % de la gravedad en roca y 56 % en superficie. Aun así, muchas edificaciones que resistieron aquel evento colapsaron ahora.
Para Rodríguez, esa diferencia obliga a mirar los efectos de sitio: la estratigrafía, la topografía, los llenos antrópicos y la interacción entre el suelo y la estructura. En Pereira, la concentración de daños coincidió con zonas de llenos y con bordes de talud. En los barrios Milán y Chipre, en Manizales, más del 30 % de las edificaciones inventariadas quedó colapsada o no habitable, principalmente las de tres a ocho pisos. La licuación se observó en zonas rurales del norte del Valle, sobre las márgenes del río Cauca, y no en Cali. Rodríguez informó además que la propuesta de actualización del Título H de la norma incluye estudios obligatorios de respuesta sísmica local, estabilidad dinámica de taludes, licuación e interacción suelo-estructura para proyectos de más de diez pisos o más de 10.000 metros cuadrados en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta.
El ingeniero Fernando Díaz, de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, analizó los registros de las redes de acelerógrafos de Pereira, operada por la Alcaldía y la Universidad Tecnológica de Pereira, y de Manizales, administrada por la Universidad Nacional. En Pereira, un movimiento de unos 38 gales en roca llegó a entre 230 y 280 gales en superficie, con aceleraciones espectrales cercanas a 1.000 gales en la estación ubicada sobre un lleno antrópico. En Manizales, de 40 a 50 gales en roca se pasó a cerca de 300 en superficie. En los depósitos de ceniza volcánica de ambas ciudades, el movimiento se amplificó de tres a más de cuatro veces. Díaz advirtió que los ábacos de amplificación de la NSR-10 se quedan cortos para sismos de baja intensidad, cuando la amplificación real es mayor: «Esto es un error», dijo, y señaló que existe una propuesta para corregirlo.
Díaz presentó también el caso de Bogotá, a 260 kilómetros del epicentro, donde el movimiento fuerte duró de tres a cuatro minutos y funcionaron los 30 acelerógrafos de la red distrital. En la zona lacustre de la ciudad se confirmaron periodos de vibración del suelo de 2 a 2,5 segundos, similares a los de edificios industrializados de unos 30 pisos. Por eso, explicó, en esas zonas debe verificarse el riesgo de resonancia entre el suelo y la edificación.
El ingeniero Jorge Alberto Rodríguez, también de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, explicó que buena parte de la respuesta del terreno estuvo dominada por ondas superficiales, que dependen de la forma de los valles y las cuencas. Esas ondas no aparecen en los análisis de una dimensión que se usan habitualmente, por lo que esos modelos pueden subestimar la amplificación. En Bogotá, los registros de sismos pequeños han mostrado amplitudes del orden del doble de las calculadas. Rodríguez presentó sus interpretaciones como hipótesis que seguirá estudiando.
Durante las preguntas, el exdirector del Servicio Geológico Colombiano Adolfo Alarcón insistió en analizar estos resultados desde la resonancia entre el suelo y las estructuras, y no solo desde los picos de aceleración.
El monitoreo continúa después del sismo principal
Fredy Tobar Vergara, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó que el sismo de magnitud 7,4 se originó dentro de la placa que se hunde bajo el continente. Con corte al 28 de septiembre, la red había registrado alrededor de 330 réplicas en la zona profunda y unos 100 eventos de un enjambre más superficial, entre 30 y 70 kilómetros de profundidad. Un enjambre, aclaró, no sigue el patrón de un evento principal con réplicas que disminuyen: el evento de mayor tamaño puede presentarse días o semanas después.
Tobar se refirió también a la actividad iniciada el 20 de septiembre en Chaparral (Tolima), con sismos superficiales, de menos de 30 kilómetros de profundidad, ampliamente sentidos por la población. En los días de mayor actividad se localizaron cerca de 200 eventos diarios; en los últimos días la frecuencia y las magnitudes han descendido. El SGC estudia si esa actividad tiene relación con el sismo de agosto. Tobar invitó a los profesionales a usar los datos que la entidad pone a su disposición: el catálogo sísmico desde 1993, los registros de aceleración y los espectros de respuesta.
Un edificio en pie no garantiza que funcione
Juan Manuel Fuentes García, director técnico de QUASAR, profesor de la UNAM y representante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, advirtió sobre el «silencio sísmico»: los largos periodos sin eventos en los que se pierde la memoria del riesgo. «El peligro permanece, la memoria desaparece», resumió. Con datos del investigador Eduardo Miranda, mostró que en un hospital apenas el 8 % de la inversión corresponde a la estructura; el resto está en componentes no estructurales y contenidos. Por eso, explicó, un hospital puede conservar su estructura y perder su capacidad de atención. Recordó que el sismo de 2017 en Ciudad de México, que no fue el más fuerte previsto, costó a la ciudad el equivalente al 22 % de su presupuesto anual, y propuso diseñar considerando también las aceleraciones, las pérdidas y el tiempo de recuperación, además de las deformaciones de la estructura.
Lecciones del sismo de Venezuela
La ingeniera Silvia Álvarez, presidenta de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y Construcción de la SCI, y la ingeniera venezolana Ani Villegas, especialista en análisis sísmico, presentaron lo observado tras el terremoto de Venezuela, donde trabajaron juntas en las evaluaciones. Mostraron edificaciones que permanecieron en pie con los ascensores inutilizados, las escaleras bloqueadas y la mampostería caída sobre las rutas de salida. Villegas contabilizó en Venezuela 17 personas fallecidas por la caída de mampostería y otros elementos no estructurales, ninguna por falla estructural, y dijo que en Colombia valida casos similares en un hospital, una escuela y una vivienda. También mostraron muros con malla electrosoldada que tuvieron falla frágil, y el contraste entre edificios reforzados con muros de concreto, que resistieron, y edificios vecinos que colapsaron.
Las dos ingenieras propusieron un procedimiento completo para la atención posterior a un sismo: una plataforma con la información de cada inmueble (planos actualizados, antecedentes e intervenciones), profesionales capacitados y certificados periódicamente, y cuadrillas de dos profesionales y dos estudiantes que registren la evaluación directamente en la plataforma. Después vendrían la evaluación detallada, el proyecto de intervención aprobado por las autoridades y una inspección final antes de volver a habilitar el edificio. Advirtieron que en Pereira y Manizales ya se están reparando edificaciones de la misma forma en que estaban construidas.
Lo que la norma debería cambiar
El ingeniero colombiano Santiago Pujol, especialista en sismorresistencia vinculado a una universidad en Nueva Zelanda, intervino de forma virtual con propuestas concretas. Pidió prohibir los traslapos de refuerzo en la base de los muros, donde se concentran las deformaciones, y usar conectores mecánicos o ubicar los empalmes en otra sección. Propuso exigir en los muros una cuantía mínima de acero longitudinal superior al 0,25 %, limitar la carga axial de los elementos a un tercio del producto entre la resistencia del concreto y el área, revisar las conexiones entre muros y losas delgadas y dar prioridad a la discusión sobre espesores mínimos de muros. Advirtió que el acero y los paneles de yeso también se dañan, por lo que defendió mantener los límites de deformación y las exigencias de detallamiento vigentes.
Pujol pidió además unificar entre regiones los criterios para clasificar el daño severo, con reglas simples como considerar severo un muro a través del cual se puede ver o un elemento con barras dobladas. «Lo que no se dañó no hay que repararlo», afirmó, y cuestionó las propuestas de demoler edificios sin fallas con el argumento de una supuesta fatiga. Para las edificaciones anteriores a 1984 con fallas, recomendó considerar la demolición o reforzarlas con muros de concreto. Durante las preguntas, el ingeniero Jorge Iván Herrera, quien presentó el primer día la experiencia de Risaralda, precisó que los datos regionales comentados por Pujol provienen de unas 437 edificaciones revisadas, principalmente en Pereira y Dosquebradas.
El ingeniero chileno Ian Watt, de VMB Ingeniería Estructural y representante de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile (AICE), explicó cómo cambió la normativa de su país después del terremoto de 2010. Entre los aprendizajes destacó la clasificación de suelos según su comportamiento dinámico, con mediciones del periodo de vibración del sitio, y la obligación de aislar sísmicamente la infraestructura de salud pública. También dejó una advertencia: los primeros decretos de emergencia de 2010 hicieron casi imposible construir en altura y tuvieron que corregirse un año después. Recomendó ciclos normativos cortos, con pocos cambios cada vez, y adaptar las mejoras a la práctica constructiva local. «Los terremotos no hablan inglés», citó a su colega Rodolfo Saragoni. Watt entregó a la SCI una invitación formal a participar en el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, un espacio de cooperación técnica entre países.
José Roy, director regional para América Latina y el Caribe del International Code Council (ICC), explicó que los códigos internacionales de construcción se actualizan cada tres años. «Los códigos están escritos en sangre», dijo, porque cada requisito responde a una tragedia anterior. Insistió en que un código solo protege si se acompaña de revisión de proyectos, inspección de obra, certificación de materiales y capacitación, y ofreció a la SCI recursos de formación para evaluadores de edificaciones.
Tecnologías para proteger y reparar
Tres conferencias presentaron sistemas de protección sísmica. El ingeniero peruano Luis Espínola, especialista en diseño de hospitales, contó que en Perú es obligatorio desde 2013 proteger sísmicamente los hospitales y que ya se han diseñado más de 100 bajo esa condición. Compartió errores que no deberían repetirse, como una junta innecesaria en un hospital aislado que obligó a fabricar piezas especiales durante nueve meses. Explicó que en un hospital deben aislarse también las líneas vitales —subestación, planta eléctrica, cisterna y cocina—, porque sin ellas el edificio no puede atender. También mostró un caso de asentamientos causados por un estudio de suelos deficiente, un problema que la protección sísmica no resuelve.
El ingeniero peruano Juan José Contreras presentó los disipadores viscoelásticos, orientados a controlar las aceleraciones de piso que dañan equipos y contenidos. En los proyectos que mostró, las reducciones de aceleración fueron desde un 17 % hasta cerca de la mitad, según el edificio y la cantidad de dispositivos; en un centro de salud en Tacna, la deformación de los pisos se redujo a la mitad. Carlos Mario Fiscal, director para Colombia de Earthquake Protection Systems, presentó la rehabilitación de edificaciones existentes con aisladores de triple péndulo de fricción, una intervención que reduce la demanda sísmica que llega a la estructura en lugar de aumentar su resistencia. Ambos coincidieron en que cada tecnología debe elegirse según el proyecto y verificarse con ensayos.
Juan Baldivieso, de Sika Colombia, presentó alternativas de reparación y reforzamiento de concreto y mampostería, y dos casos observados en el eje cafetero. En uno, un muro correctamente separado de la estructura se destruyó porque el icopor usado para dilatarlo nunca se retiró y transmitió el movimiento. En otro, un bloque de escombro atrapado en la junta entre dos torres provocó una falla localizada. Baldivieso insistió en que corresponde a los profesionales determinar qué daños pueden repararse.
Cómo deben actuar las instituciones
El panel de cierre abordó el papel de las entidades públicas, privadas y gremiales frente a un sismo. Amat David Zuluaga Guerra, director del Servicio Geológico Colombiano, pidió una integración permanente entre las entidades y organizaciones relacionadas con el riesgo sísmico, sin esperar a la próxima emergencia. Señaló que el país cuenta con poco más de 200 sismógrafos, una cifra baja para su actividad sísmica, y que la prioridad es ampliar las redes de monitoreo y avanzar en la microzonificación de municipios pequeños: buena parte de los cerca de 500 municipios afectados tiene menos de 100.000 habitantes y no cuenta con esa información. Advirtió que el presupuesto de la entidad es limitado para ese trabajo.
El ingeniero chileno Ian Watt recomendó conformar antes de la emergencia los comités, los responsables y una cartilla de evaluación común para todas las entidades, y construir confianza entre el sector público y el privado. Contó que en Chile se creó para eso un espacio neutral de encuentro, el Instituto de la Construcción.
David Meir Marroquín, profesional de gestión del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), vinculó la prevención con la ética profesional y pidió que las universidades formen ingenieros capaces de leer los territorios y trabajar con las comunidades, no solo de resolver problemas técnicos. Alex Rodríguez Aparicio, expresidente de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANRACI), destacó que la seguridad de las rutas de evacuación y de los componentes no estructurales hace parte de la seguridad humana. Precisó que los gremios aportan conocimiento y apoyo, mientras la primera respuesta corresponde a bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
La segunda jornada dejó tareas precisas: incorporar los registros del terreno a los análisis, actualizar la norma con ciclos más cortos, proteger las rutas de salida y los servicios, unificar los criterios de evaluación y verificar que cada reparación corresponda a un diagnóstico. Como resumió José Roy, del ICC, la pregunta no es si ocurrirá otro desastre, sino si el país estará preparado para el siguiente.







