El 17 de enero de 2026 entró en vigor el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar. United Nations Con este hito, la meta global de proteger el 30% de los océanos antes de 2030 —conocida como 30×30— entra en una fase de implementación que exige ciencia, gestión eficaz, infraestructura de monitoreo y decisiones técnicas en las que la ingeniería desempeña un papel relevante. Para Colombia, país con amplio territorio marino y con una tradición de investigación oceanográfica, el nuevo marco plantea tanto oportunidades como decisiones aún pendientes.

Un nuevo marco legal para dos tercios del océano

Las aguas internacionales, que representan aproximadamente el 64% de la superficie oceánica, cuentan por primera vez con un marco jurídico vinculante. El acuerdo se adoptó en junio de 2023 tras casi dos décadas de negociaciones y entró en vigor 120 días después de alcanzar las 60 ratificaciones requeridas. Al momento de su entrada en vigor, 145 países habían firmado el acuerdo y 83 lo habían ratificado.

El instrumento regula cuatro materias: recursos genéticos marinos y reparto equitativo de beneficios; herramientas de gestión basadas en zonas, incluidas áreas marinas protegidas; evaluaciones de impacto ambiental; y creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. El Secretario General de la ONU, António Guterres, se refirió al acuerdo como un «logro histórico para el océano y el multilateralismo», y señaló que su primera Conferencia de las Partes debe realizarse dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

La meta 30×30: del compromiso a la ejecución

El objetivo de proteger el 30% de las áreas marinas y terrestres al 2030 proviene del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2022. Según la ONU, actualmente solo el 1% de la alta mar está protegida, pese a su importancia para cumplir con el objetivo global al 2030.

Para Juliana Sintura, especialista de ecosistemas acuáticos y marinos de WWF Colombia, el Tratado introduce la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades humanas que puedan afectar la biodiversidad marina en alta mar y supone, en sus palabras, «pasar de un modelo reactivo a uno preventivo», basado en el principio de precaución y en la evidencia científica disponible.

Colombia, país oceánico: áreas marinas protegidas

En 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Lisboa, Colombia anunció que pasó de 12.454.011 hectáreas de áreas marinas protegidas (13,41% del territorio marino) a 30.132.769 hectáreas, equivalentes al 33% del territorio marino del país. Según el Reporte del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) con corte de 2023, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) alcanza 49.785.440,43 hectáreas (24,05% del territorio nacional), distribuidas en 19.315.172,22 hectáreas terrestres y 30.470.268,21 hectáreas marinas.

Este portafolio incluye el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y los Distritos Nacionales de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo y Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte, entre otras figuras. Colombia también integra, junto con Costa Rica, Panamá y Ecuador, el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). En 2025, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) aprobó 15,6 millones de dólares para fortalecer la gobernanza y la conectividad de las áreas marinas protegidas del CMAR y promover modelos de economía azul sostenible.

Firma sin ratificación: la situación del país frente al BBNJ

Colombia firmó el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ), pero aún no lo ha ratificado. En consecuencia, todavía no es Estado Parte y no puede ejercer plenamente los derechos de participación y decisión previstos en la Conferencia de las Partes, ni acceder en igualdad de condiciones a los mecanismos creados por el tratado para financiación, cooperación científica y fortalecimiento de capacidades dirigidos a países en desarrollo.

El país tampoco es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); sin embargo, la arquitectura del BBNJ permite que Estados no parte de la CONVEMAR lo ratifiquen.

La dimensión técnica e ingenieril

Cumplir y sostener las metas de protección marina no se reduce a cartografía. La ingeniería interviene en toda la cadena de valor de la conservación oceánica: sistemas satelitales, boyas oceanográficas, redes acústicas y sensores in situ para monitoreo y control; trazabilidad para el seguimiento de la pesca ilegal; modelación oceanográfica y análisis de conectividad; infraestructura costera resiliente y gestión portuaria; y estudios de impacto ambiental en aguas profundas.

Luis Alonso Zapata, coordinador del Programa Marino Costero en WWF Colombia, ha señalado que delimitar áreas marinas protegidas presenta particularidades técnicas respecto a las terrestres: «se requiere un poco más de detalle y herramientas tecnológicas para su delimitación», especialmente para asegurar la conectividad entre áreas por donde transitan especies migratorias.

El país cuenta con capacidades institucionales relevantes. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) ha sido pionero, con investigación basada en ADN ambiental en aguas profundas, en la comprensión de la biodiversidad y las relaciones biogeográficas de las cuencas oceánicas del Caribe y el Pacífico colombiano. Con la Alianza Océano Profundo, INVEMAR se articula con expertos de Ecuador, Panamá y Costa Rica para cerrar la brecha de conocimiento sobre los hábitats submarinos menos explorados del Pacífico Este Tropical. A estas capacidades se suman la Dirección General Marítima (Dimar), los Centros de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH y CCCP) de la Armada Nacional, la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y las facultades de ingeniería con líneas de trabajo en ingeniería de costas, puertos, hidráulica marítima y ciencias del mar.

Próximos pasos

Tras la entrada en vigor del Tratado, los países parte celebrarán en 2026 la primera reunión de la Conferencia de las Partes, donde se definirán los mecanismos de gobernanza, control y seguimiento, así como las reglas para declarar nuevas áreas marinas protegidas y regular actividades como la pesca y el transporte marítimo en alta mar. La efectividad del acuerdo dependerá de su traducción en capacidades institucionales, financiación y herramientas técnicas sostenidas.

Fuentes consultadas