Un nuevo Libro Blanco de ANRACI, contrastado con datos operativos de once ciudades, estima que en Colombia ocurren cerca de 6.440 incendios estructurales al año —el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales— y propone una hoja de ruta de política pública en seis frentes para cerrar la brecha.

Cada día, en promedio, 17,64 edificaciones colombianas se incendian. Eso equivale a unos 6.440 eventos al año y a una tasa aproximada de 12 incendios estructurales por cada 100.000 habitantes. Es más, del doble de los 5 por 100.000 habitantes que reportó, por última vez en 2020, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). La entidad no ha vuelto a publicar cifras actualizadas desde entonces. 

Esa es la conclusión central del Libro Blanco de ANRACI 2026: Protección Contra Incendios — Elementos estructurales de política pública para Colombia, elaborado por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANRACI) a partir de un análisis estadístico propio —Análisis Estadístico de la Ocurrencia de Incendios Estructurales en Colombia— que cruzó datos operativos primarios suministrados directamente por cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios de once ciudades y territorios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Valledupar, Cúcuta, Pereira y el departamento de Antioquia. En conjunto, esa muestra representa el 55,05 % de la población urbana del país.

El mensaje de fondo no es solo estadístico. «El país no puede gestionar lo que no mide», sostiene el documento, y advierte que la meta de la política pública no puede ser simplemente reducir un número, sino asegurar que ningún colombiano vuelva a perder la vida, su patrimonio o su sustento por un incendio prevenible.

Un país que no mide su propio riesgo

El hallazgo más contundente del diagnóstico es la magnitud del subregistro. ANRACI comparó, ciudad por ciudad, los registros operativos reales de los cuerpos de bomberos con las cifras que llegan a las bases de datos nacionales, y encontró distorsiones que van de lo notable a lo extremo:

  • En Pereira, los registros operativos locales (71 incendios estructurales promedio anual entre 2023 y 2025) superan en 4,7 veces el promedio que aparece en los registros nacionales (15 al año entre 2018 y 2026).
  • En Barranquilla, la diferencia es de otro orden: 404 incendios estructurales registrados solo en 2024 por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, frente a un promedio nacional implícito de apenas 2,3 al año —una distorsión de cerca de 176 veces.
  • En Cúcuta, capital de departamento con más de 800.000 habitantes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondió formalmente a la solicitud de información de ANRACI invocando «reserva y custodia» de sus datos operativos, dejando a la ciudad sin cifra alguna disponible para el análisis nacional.

Barranquilla, además, resultó ser la ciudad con la tasa de incidencia más alta de toda la muestra: 37,45 incendios estructurales por cada 100.000 habitantes, seguida de Ibagué (33,08) y Bucaramanga (31,28). Le siguen Cartagena y Medellín (23,5), Cali (22,7), Valledupar (20,8), Pereira (17,2), Cúcuta (11,8) y Bogotá (11,2). Antioquia, sin contar Medellín, registra la tasa más baja (2,4), reflejo de las limitaciones de reporte en municipios pequeños y de difícil acceso más que de una ausencia real de riesgo: de los 104 municipios antioqueños con registro en 2024, 21 no reportaron un solo incendio en diez años.

En términos absolutos, Bogotá concentra el mayor número de eventos: 899 incendios estructurales en 2025, dentro de un total de 1.367 emergencias de todo tipo atendidas por su Cuerpo Oficial de Bomberos (incluyendo vehiculares, forestales y en sótanos). Le siguen Medellín (595), Cali (560), Barranquilla (497) y Cartagena (244).

¿Qué está incendiando a Colombia?

Donde existen registros robustos —como en Bogotá, con series desde 2016— el patrón es consistente y se repite año tras año: el 72,7 % de los incendios estructurales ocurre en edificaciones residenciales, muy por encima del comercio (14,8 %) y la industria (8,3 %). La cifra es coherente con la evidencia mundial que recoge el reporte de la Center for Fire Statistics (CTIF): el 85,1 % de las muertes por incendio y el 73,5 % de las lesiones en el mundo ocurren, precisamente, en viviendas.

Sobre las causas, en Bogotá el 76 % de los incendios estructurales de 2025 se clasificó como accidental. La llama abierta explica el 35 % de los eventos y las fallas de origen eléctrico —sumando falla eléctrica, falla en aparatos eléctricos y electrónicos, y chispas eléctricas— otro 25 %, consolidándose como el segundo gran factor de riesgo después del fuego abierto. El patrón coincide con el diagnóstico mundial del CTIF, que ubica la falla eléctrica como la segunda causa de incendio a escala global (18 %), apenas detrás de la negligencia general (25 %).

Para ANRACI, ese 81,7 % de causas accidentales no es un atenuante sino evidencia de que la enorme mayoría de estos eventos era evitable con medidas de bajo costo relativo —detección temprana, mantenimiento eléctrico preventivo, control de fuentes de ignición— que hoy no son exigibles de forma sistemática en el país, particularmente en la vivienda urbana.

Las localidades y comunas más golpeadas —Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa en Bogotá; La Candelaria, Aranjuez y Belén en Medellín— comparten alta densidad poblacional, infraestructura envejecida, mezcla de usos del suelo y, en varios casos, presencia de asentamientos informales. El riesgo de incendio, advierte el Libro Blanco, golpea con mayor severidad a la población que ya es más vulnerable.

Cómo se ve Colombia frente al mundo

El contraste internacional confirma que el problema colombiano no es solo de magnitud, sino de rezago regulatorio. Según el segundo estudio regional de la Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios (LATAM PCI, 2025), que calificó de 0 a 5 el nivel de exigencia normativa en doce países de la región, Colombia obtuvo 2,0 puntos, por debajo del promedio regional (2,6) y lejos de los mejores calificados: Perú y Brasil (4,5 cada uno), Ecuador (3,5) y Uruguay (3,4). Solo Chile, República Dominicana, Bolivia, Argentina y Paraguay quedaron peor calificados que Colombia.

El propio estudio matiza el diagnóstico: Colombia obtuvo la calificación máxima (5,0/5,0) en definiciones normativas, clasificación de ocupaciones y tipos de construcción, lo que indica que el problema no es la ausencia de conocimiento técnico, sino la falta de un marco institucional que lo haga exigible y fiscalizable. En cambio, el país solo alcanzó 0,3/5,0 en «facilidades para bomberos» y 2,3/5,0 en «medios de alarma y evacuación».

En el frente puramente estadístico, la tasa colombiana —incluso corregida por ANRACI a 12 por 100.000 habitantes— sigue lejos de países con sistemas de información consolidados: República Checa reporta 48 incendios estructurales por 100.000 habitantes y Estados Unidos, 141. Colombia, cabe anotarlo, ni siquiera hace parte de la muestra de 40 países que integra el reporte mundial de estadísticas de bomberos del CTIF.

La propuesta: seis componentes para cerrar la brecha

Sobre esa base, ANRACI —gremio que este año cumple una década representando a la protección contra incendios en Colombia— presenta una propuesta de política pública estructurada en seis componentes, inspirada en modelos ya adoptados en Costa Rica, Ecuador, Perú y Estados Unidos:

  1. Código nacional de incendios independiente y actualizable, que cierre una brecha normativa de más de dos décadas: el NSR-10 vigente, expedido en 2010, incorpora referencias técnicas de 2006.
  2. Sistema Nacional Obligatorio de Estadísticas de Incendios (SNEIE), con reporte obligatorio, diccionario de datos único, publicación trimestral y auditoría anual de coherencia estadística —para que Colombia deje de ser el país que no sabe cuántos incendios tiene.
  3. Mínimos verificables de protección diferenciados para vivienda (detección y alarma básica, control de fuentes de ignición, capítulo eléctrico reforzado) e industria (construidos sobre el reciente Programa de Prevención de Accidentes Mayores).
  4. Certificación profesional obligatoria, acreditada por la ONAC, para diseñadores, supervisores de obra e inspectores de edificaciones existentes —resolviendo el conflicto de interés actual, en el que la supervisión de obra suele ser contratada por el propio constructor.
  5. Delegación regulada de funciones públicas en agentes certificados, para ampliar la cobertura de inspección sin sustituir a los cuerpos de bomberos ni su autoridad de vigilancia y control.
  6. Una autoridad nacional de protección contra incendios, inspirada en el modelo Fire Marshal de Estados Unidos, que centralice la actualización normativa, la administración del SNEIE, la acreditación de mínimos sectoriales y la coordinación del esquema de certificación.

La hoja de ruta propuesta se despliega en cuatro fases —habilitación normativa y estadística, pilotos, escalamiento nacional y auditoría de impacto—, con un horizonte de 12 a 24 meses para medir resultados concretos: menos causas indeterminadas, menos eventos por falla eléctrica y menos incendios por llama abierta.

Por qué le concierne a la ingeniería colombiana

El diagnóstico de ANRACI toca directamente el ejercicio de la ingeniería en Colombia: estructural, eléctrica, industrial y de protección contra incendios. La brecha que documenta el Libro Blanco —entre una normativa técnica que en varios frentes es robusta y una capacidad institucional de fiscalización que no alcanza a hacerla exigible— es, en el fondo, un problema de gobernanza técnica que involucra directamente a quienes diseñan, supervisan, inspeccionan y certifican edificaciones e instalaciones industriales en el país.

ANRACI ha puesto el documento a disposición pública y ha invitado a gremios, entidades y academia a discutirlo y utilizarlo como insumo para la construcción de política pública. Para la ingeniería colombiana, y en particular para quienes trabajan en diseño estructural, instalaciones eléctricas y gestión del riesgo, el llamado es claro: la conversación sobre cómo se protege a Colombia del fuego —y sobre quién certifica que esa protección realmente funciona— apenas comienza.

Fuentes: ANRACI, «Libro Blanco ANRACI 2026 — Protección Contra Incendios: Elementos estructurales de política pública para Colombia» (2026); ANRACI Research, «Análisis Estadístico de la Ocurrencia de Incendios Estructurales en Colombia» (2026); Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios (LATAM PCI), «Estado de la Regulación: Protección Contra Incendios en Latinoamérica» (2025); International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), World Fire Statistics, reporte N.º 31 (2026).