Categoría: Informe Contratación

La CREG suspende el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento y adopta un esquema transitorio frente a El Niño

La Resolución 101 127, del 27 de agosto, regirá hasta el 31 de mayo de 2027: cuando los embalses se apartan de su trayectoria de referencia, el despacho debe cumplir una meta obligatoria de generación térmica para proteger las reservas. Detrás de esa decisión hay un sistema que sigue siendo, ante todo, hidráulico: así está hecho —y así se sostiene— el sistema eléctrico del país.

0%Capacidad hidráulica
0%Capacidad térmica
0%Solar
0GWEn operación (SIN)

La respuesta ante El Niño Un plan para blindar el suministro
La regulación se ajustó para sostener la energía mientras el fenómeno gana fuerza.
El detonante es el agua. Según XM, los aportes hídricos a los embalses encadenaron cuatro meses por debajo de la media histórica —76,53 % en junio, 78,8 % en julio y, en lo corrido de agosto, por debajo del percentil 10 del registro desde 1983— y desde el 3 de agosto el embalse agregado del país quedó por debajo de su curva de referencia. El IDEAM estimó una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” y del 69 % de que supere la de los eventos previos registrados desde 1950.
Frente a ese escenario, la Resolución CREG 101 127 del 27 de agosto adoptó medidas transitorias para asegurar el abastecimiento durante El Niño 2026-2027. Su núcleo es una meta de generación térmica de obligatorio cumplimiento: no es un mínimo indicativo ni una recomendación, sino un piso que el operador debe incorporar al despacho cuando el nivel de los embalses se aparta de su trayectoria de referencia, para frenar la caída de reservas y recuperarlas antes del período más intenso del fenómeno. La medida reemplaza de forma temporal el anterior estatuto de riesgo de desabastecimiento hasta que se expida la norma definitiva o, a más tardar, hasta el 31 de mayo de 2027.

Cómo funciona: del nivel del embalse a la generación térmica
El corazón del mecanismo son las curvas ISO-GT: para cada nivel posible del embalse definen cuánta generación térmica diaria se necesita para llegar al final de la temporada con reservas suficientes. Cuanto más bajo esté el embalse frente a esa trayectoria de referencia, mayor es la meta de generación térmica que el despacho debe cumplir de manera obligatoria. El sistema se vigila con tres indicadores —el nivel del embalse, el precio de bolsa y la generación térmica reciente— que definen un semáforo:

SeguimientoEl embalse está en o por encima del umbral de referencia. El sistema opera con normalidad.
VigilanciaEl embalse cae por debajo del umbral, pero la generación térmica reciente aún cubre el mínimo que exige la curva.
AlertaEl embalse está bajo el umbral y la generación térmica no alcanza la meta requerida: es el detonante para activar el mecanismo.

La ruta de activación

1SeguimientoEl CND vigila los indicadores del sistema y publica el resultado cada semana.
2AlertaSi se cumplen las condiciones de riesgo, el CND la declara y recomienda a la CREG.
3ActivaciónLa CREG activa el mecanismo por circular; la obligación de generación térmica opera desde el tercer día.
4DesactivaciónCuando los aportes se recuperan y el embalse supera el umbral, el sistema vuelve a Seguimiento.

En contextoLa medida no actúa sola. Días antes, el 24 de agosto, el Gobierno anunció el Plan Energía YA, que destina $1,5 billones a dar liquidez a la cadena de pagos del sector. Y desde el 1 de septiembre rige, por la Resolución CREG 101 120 de 2026, un programa transitorio de ahorro por seis meses: cada usuario tiene una meta de consumo según su historial; quien la supere en más del 10 % paga un recargo sobre el excedente y quien ahorre recibe un saldo a favor en la factura. Así, la respuesta combina el respaldo por el lado de la generación con la gestión de la demanda.
Esa exigencia sobre el parque térmico tiene una explicación de fondo: la matriz eléctrica del país es, ante todo, hidráulica. Vale la pena mirar cómo está hecha.

Punto de partida
Una matriz mayoritariamente hídrica
El agua manda; el resto del sistema se organiza alrededor de esa dependencia.
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se apoya en una matriz de generación diversa en la que el agua sigue siendo, con amplia diferencia, la fuente predominante. Según el listado de recursos de generación de XM —operador del SIN y administrador del Mercado de Energía Mayorista— con corte al 25 de agosto de 2026, hay 466 recursos en operación que suman una capacidad efectiva neta de 21.741 MW. De esa capacidad, la generación hidráulica aporta el 60.8 %, la térmica el 27.7 %, la solar el 10.6 % y la cogeneración el 0.9 %. La eólica, por ahora, no registra capacidad en operación: sus parques figuran en pruebas o inactivos.
La distinción clave, y la que más se confunde en la conversación pública, es entre capacidad instalada (los megavatios que pueden entregar las plantas) y generación real (la energía que efectivamente producen). La hidráulica pesa aún más en la segunda: en julio de 2026, con la generación total del SIN en 7.695 GWh, las plantas hidráulicas produjeron cerca del 66 % de toda la electricidad del país.

Hidráulica60.8%13.221 MW
Térmica27.7%6.023 MW
Solar10.6%2.305 MW
Cogeneración0.9%193 MW

Distribución por capacidad efectiva neta de los recursos en operación del SIN. Fuente: XM, Listado de Recursos de Generación (corte 25 de agosto de 2026).

Geografía de la generación
Dónde se genera la energía del país
Toca cada central para ver su capacidad efectiva neta, su ubicación y su papel en el sistema.
Las grandes hidroeléctricas se concentran en la cordillera y sus vertientes —Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila—, donde el relieve y los caudales permiten embalses de gran altura. Las térmicas se ubican sobre todo en la costa Caribe, cerca del gas y de los puertos de carbón. La generación solar florece en el Caribe seco —Cesar, Atlántico, Magdalena— y en el altiplano; la eólica se juega su futuro en los vientos de La Guajira.

Principales centrales del Sistema Interconectado Nacional
35 recursos seleccionados por capacidad y representatividad. El tamaño del punto es proporcional a su capacidad efectiva neta.

Hidráulica
Térmica
Solar
Eólica (pruebas)

35 centrales en el mapa
Los tres puntos más grandes son Guavio (1.250 MW), San Carlos (1.240 MW) e Hidroituango (1.200 MW en operación). Toca cualquier punto para ver su ficha oficial, o usa los filtros para aislar una tecnología.

Capacidades: XM, Listado de Recursos de Generación (25 de agosto de 2026). Ubicaciones aproximadas al centro del municipio registrado. Contorno de Colombia: Natural Earth (dominio público). Los puntos con borde punteado están en pruebas, no en operación comercial.

La columna vertebral
El agua: 159 recursos, dos tercios de la energía
La generación hidráulica reúne 159 recursos en operación que suman 13.221 MW de capacidad efectiva neta. Conviene leer esa cifra con cuidado: XM contabiliza recursos de generación, no centrales físicas. Un recurso puede agrupar varias plantas —PAGUA reúne Paraíso y Guaca— o desagregar una instalación en varias unidades. De esos 159 recursos, apenas 31 son despachados centralmente y concentran 12.256 MW; los demás son en su mayoría pequeñas centrales, generación distribuida y autogeneradores.
El grupo de las mayores lo encabezan Guavio (1.250 MW, Cundinamarca), San Carlos (1.240 MW, Antioquia), Hidroituango (1.200 MW en operación de los 2.400 MW proyectados, Antioquia), Chivor (1.000 MW, Boyacá) y Sogamoso (819 MW, Santander). Esa fortaleza es, a la vez, el factor que expone al sistema: cuando los aportes hídricos disminuyen —como durante el fenómeno de El Niño— el país debe recurrir en mayor medida a la generación térmica.

Generación real por fuente · julio de 2026

Hidráulica 66%
Térmica
Solar

7.695 GWh generados en el mesFuente: XM (reporte del 12 de agosto de 2026)

En julio de 2026 la hidráulica generó en promedio 163,2 GWh/día (146,6 de embalse y 16,6 a filo de agua), cerca del 66 % de la electricidad del SIN. Los porcentajes de térmica y solar son aproximados sobre el total mensual.

El respaldo firme
La energía térmica, seguro contra la sequía
Las plantas térmicas —68 recursos que suman 6.023 MW— operan con gas natural, carbón y combustibles líquidos, y se concentran en la costa Caribe. Las mayores son Tebsa (791 MW, Atlántico, gas), Termocandelaria (555 MW, Bolívar), Termoflores (Barranquilla) y el complejo Gecelca a carbón en Córdoba. Su función es servir de respaldo firme: entran con mayor intensidad cuando la generación hídrica se ve presionada por sequías prolongadas. Ese parque garantiza que el sistema responda en los periodos críticos, aunque su operación tiene un costo mayor y más emisiones por la dependencia de combustibles.

El cambio acelerado
Sol y viento: dos ritmos distintos
La solar ya opera con 227 recursos; la eólica está en fase de pruebas.
La generación solar reúne 227 recursos en operación por 2.305 MW, y su avance no se detiene: XM registra otros 131 proyectos solares en pruebas que suman más de 1.200 MW adicionales, la antesala de su entrada comercial. El salto es notable: en 2025, por primera vez, la generación anual con energía solar (4.473,8 GWh, según la UPME) superó a la del carbón (3.564,2 GWh).
La energía eólica, por su parte, se encuentra en una fase temprana de incorporación al sistema. El registro de XM contabiliza cuatro recursos eólicos —ubicados en La Guajira y el Atlántico— en estado de pruebas o inactivos; ninguno figura en operación comercial al corte del 25 de agosto de 2026. El pionero del país, Jepírachi (La Guajira, 2004), fue desmantelado en 2023. Entre los proyectos en desarrollo, el parque Carreto de Celsia, en el Atlántico, ilustra el aporte de la ingeniería nacional: sus dos aerogeneradores se sostienen sobre torres de hormigón de 120 metros construidas en el país —en lugar de las estructuras metálicas convencionales—, para una capacidad total de 9,6 MW.

Participación de energías limpias no convencionales en la matriz

Participación de solar y eólica en la matriz según el Ministerio de Minas y Energía (Plan 6GW+). Las cifras de 2025 (13,87 %) y 2026 (19,23 %) usan el criterio de capacidad instalada del Ministerio, que incluye proyectos en pruebas.

Huella de carbono
Una de las matrices más limpias del mundo
Gracias al peso de la hidroelectricidad, el factor de emisión del sistema colombiano es bajo en comparación internacional. XM, junto con el Ministerio y la UPME, calcula un factor de emisión unificado del SIN que sirve para que empresas y entidades midan su huella de carbono asociada al consumo eléctrico. Ese perfil limpio, sin embargo, depende de la lluvia: en años secos aumenta el despacho térmico y, con él, las emisiones del sector.

164 gCO₂/kWhFactor de emisión unificado del SIN (XM, MME y UPME)
~66 %De la generación de julio de 2026 fue hidráulica
>80 %De la electricidad proviene de fuentes bajas en carbono
159 recursosHidráulicos en operación registrados por XM

La dimensión ingenieril
Todas las ramas en un mismo sistema
Sostener y transformar esta matriz involucra a prácticamente todas las ramas de la ingeniería. Ninguna tecnología se diseña, construye u opera desde una sola disciplina.

Qué ingeniería hay detrás de cada megavatio

Eléctrica y de potenciaDiseño y operación de centrales, líneas y subestaciones; despacho del sistema.
MecánicaTurbinas hidráulicas y térmicas, sistemas de vapor y ciclos combinados.
CivilPresas, embalses, casas de máquinas y obras de infraestructura asociada.
AmbientalEstudios de impacto, licenciamiento y manejo de cuencas y ecosistemas.
Sistemas y electrónicaMonitoreo, pronóstico e integración de fuentes variables a la red.
Química y de procesosManejo de combustibles, gas y aprovechamiento de biomasa.

La incorporación creciente de generación solar y eólica —cuya producción depende de la radiación y el viento— plantea, además, retos técnicos de almacenamiento, pronóstico y estabilidad de red que la ingeniería nacional aborda de manera cada vez más central. El equilibrio entre confiabilidad, costo y sostenibilidad de esa matriz constituye uno de los principales desafíos técnicos del sector para las próximas décadas.

Fuentes consultadas

XM. Listado de Recursos de Generación del SIN (corte 25 de agosto de 2026). Capacidad efectiva neta, estado y ubicación de cada recurso. xm.com.co · PARATEC
XM. Informe General del Mercado — julio de 2026 (publicado 12 de agosto de 2026): generación total 7.695 GWh y participación hidráulica. sinergox.xm.com.co
Ministerio de Minas y Energía. Colombia superó los 4.626 MW de energías limpias (corte 17 de julio de 2026). minenergia.gov.co
Ministerio de Minas y Energía. Plan 6GW Plus: del 2 % al 13,87 % (octubre de 2025). minenergia.gov.co
UPME, citada en pv magazine Latinoamérica: la solar superó al carbón en generación anual (marzo de 2026). pv-magazine-latam.com
XM. Factor de emisión de CO₂ del Sistema Interconectado Nacional. xm.com.co
EPM. Proyecto Hidroituango (ficha técnica). epm.com.co
CREG. Resolución 101 127 del 27 de agosto de 2026 (respaldo térmico transitorio ante El Niño 2026-2027) y Resolución 101 120 de 2026 (programa transitorio de ahorro de energía, vigente desde el 1 de septiembre). creg.gov.co
IDEAM. Seguimiento al fenómeno de El Niño (actualización del 13 de agosto y Boletín ENOS del 25 de agosto de 2026). ideam.gov.co

Comunicaciones SCI · Comisión Técnica Permanente de Energía — SCIPanorama técnico elaborado a partir del registro oficial de XM y fuentes del sector eléctrico colombiano.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos. La Sociedad Colombiana de Ingenieros no promueve ni avala tecnologías, proyectos ni operadores específicos. Las cifras corresponden a la fecha de corte del registro de XM (25 de agosto de 2026) y no representan valores en tiempo real.

El Niño se fortalece: el reto de anticiparse en el agua, la energía y la infraestructura del país

Colombia afronta la nueva fase de El Niño con una ventaja concreta: sabe con anticipación lo que puede venir. El IDEAM precisó la probabilidad de que el fenómeno gane intensidad y XM llamó a actuar cuanto antes para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, en semanas de más calor, menores aportes hídricos y una demanda de energía en máximos. Leídos sobre la tendencia regional que la OMM ya documentó, esos datos son, ante todo, una oportunidad para la ingeniería: incorporar el clima en el diseño de la infraestructura, y no solo en su operación.

69%Probabilidad de un El Niño “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026IDEAM · 13 ago
79,99%Embalses al cierre de julio, por debajo de la senda CREG (81,88 %)XM
59,94%Aportes hídricos frente a la media histórica en agostoXM
61%De la capacidad instalada en operación es hidráulicaXM · Recursos
+0,26°CCalentamiento por década en Sudamérica (1991–2025)OMM
2,4×Aceleración del deshielo glaciar durante El NiñoIDEAM

El 13 de agosto de 2026, el IDEAM actualizó su lectura de El Niño: hay una probabilidad superior al 90 % de que sus condiciones persistan hasta el primer trimestre de 2027 y del 69 % de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026. Ocho días después, el 21 de agosto, XM —el operador del sistema eléctrico— advirtió en su Boletín Energético que el sistema “requiere acciones inmediatas para preservar la confiabilidad en la atención de la demanda”.

El anuncio no describe una anomalía aislada. Coincide con una ola de calor que el propio IDEAM identificó en los primeros días de agosto: de 119 estaciones analizadas, 61 registraron aumentos consecutivos de la temperatura máxima frente a la climatología de referencia 1991-2020, con valores altos en municipios del Caribe, el Magdalena Medio y la Orinoquía, entre ellos Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Montería y Neiva. En paralelo, los niveles de los ríos vienen descendiendo, sobre todo en la cuenca Magdalena-Cauca y el Caribe, y aumentan las condiciones favorables para incendios de la cobertura vegetal.

01Un fenómeno natural sobre una tendencia de fondo
Conviene separar dos cosas que suelen confundirse. El Niño es una variación natural del sistema océano-atmósfera del Pacífico tropical, que va y viene. El cambio climático es una tendencia de largo plazo. No son lo mismo, pero hoy se leen juntos, porque el episodio de El Niño ocurre dentro de un escenario regional que ya venía cambiando.
Ese escenario está medido. El informe de la OMM sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe correspondiente a 2025 concluye que el período 1991-2025 presenta la tendencia de calentamiento más acelerada desde que existen registros regionales, iniciados en 1900. En América del Sur el aumento ronda los 0,26 °C por década. Durante 2025 se batieron marcas históricas: 52,7 °C en Mexicali (México), 44,8 °C en Mariscal Estigarribia (Paraguay) y 44 °C en Río de Janeiro.
El dato más relevante para la ingeniería, sin embargo, no es solo el calor. La OMM señala que en los últimos 50 años el régimen de lluvias de la región se ha vuelto más extremo: sequías más prolongadas que alternan con aguaceros más intensos. Para el norte de Sudamérica identifica además un aumento de las precipitaciones fuertes y menciona expresamente a Colombia. Es decir, la infraestructura no debe prepararse únicamente para más calor o para sequías: también para lluvias concentradas, crecientes y movimientos en masa, a veces con pocos meses de diferencia sobre un mismo territorio.

La infraestructura no debe prepararse únicamente para más calor o para sequías: también para lluvias concentradas y crecientes, a veces con pocos meses de diferencia sobre un mismo territorio.

02El agua, el punto donde el clima toca la energía
Si hay un lugar donde estas condiciones se vuelven tangibles para el país, es el agua, porque conecta el clima con la energía y con el abastecimiento urbano.
Menos lluvia no significa de manera automática una crisis: intervienen la capacidad de almacenamiento, la localización de los embalses, la operación del sistema, la demanda y la generación térmica. Lo que exige seguimiento no es tanto el nivel agregado como la velocidad a la que se repone el agua. Según XM, los embalses cerraron julio en el 79,99 % de su volumen útil —1,89 puntos por debajo de la senda de referencia de la CREG (81,88 %)— y el 11 de agosto habían bajado a 78,49 %, ya 3,95 puntos por debajo de la referencia. La señal más clara está en los aportes.

Los aportes hídricos se alejan de la media
Aportes al sistema como % de la media histórica · agregado nacional

Media histórica · 100 %
95,5%ABR
76,6%JUN
78,8%JUL
59,9%AGO*

*Agosto con corte al día 11. Con ello se completaron cuatro meses consecutivos por debajo del promedio. Fuente: XM.

A eso se suma una demanda que marca máximos. En su Boletín Energético del 21 de agosto, XM reportó récords de 262,67 GWh en un día y 12.529 MW de potencia, con un crecimiento del consumo cercano al 6,7 % anual. La coincidencia de demanda récord y aportes deficitarios obliga a recostarse en el parque térmico —XM ha estimado necesidades de generación térmica del orden de 95 GWh diarios— y explica su llamado a actuar de inmediato antes de que las reservas se deterioren de cara al período más intenso de El Niño. El 24 de agosto, el Gobierno anunció el Plan Energía YA, que destina $1,5 billones a dar liquidez a la cadena de pagos del sector durante lo que resta de 2026.

Una matriz eléctrica que depende del agua
Capacidad efectiva neta en operación, por tipo de generación

61%
28%
11%

Hidráulica 60,8 %
Térmica 27,7 %
Solar 10,6 %
Otros 0,9 %

En julio, el 75,42 % de la generación provino de fuentes renovables y, dentro de ella, la hidráulica aportó el 87,18 %. Fuente: XM, listado de recursos de generación.

La razón por la que esto pesa tanto es estructural. Esa dependencia es la que ata la disponibilidad de agua a la seguridad energética, y la que explica que la respuesta no se limite a construir más embalses: también involucra capacidad de almacenamiento, diversificación de fuentes, operación coordinada, monitoreo hidrológico, seguridad en el suministro de combustibles, gestión de la demanda y planeación bajo distintos escenarios climáticos.
El agua potable enfrenta un reto paralelo. Desde mayo, ante la perspectiva de El Niño, el Ministerio de Vivienda emitió una circular con medidas preventivas frente a escenarios de estrés hídrico, reducción de caudales, deterioro de la calidad del agua y posibles racionamientos, con un llamado a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo —en especial en los territorios históricamente más vulnerables— a reforzar sus planes.

03Del embalse a la carretera
El desafío no termina en los embalses. Una misma vía puede quedar expuesta a temperaturas mayores y, meses después, a lluvias intensas. Una obra en ladera obliga a considerar cambios en la humedad de los suelos y episodios de precipitación concentrada. Los sistemas de drenaje urbano tienen que responder a eventos que superan las condiciones habituales, mientras los acueductos deben mantener su operación durante períodos prolongados de menores caudales.
La política pública empezó a recoger esa realidad. En julio de 2026, el Ministerio de Transporte adoptó el primer Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del sector, que incorpora criterios de adaptación en el desarrollo de infraestructura y reconoce los impactos del clima sobre carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. El Departamento Nacional de Planeación, por su parte, dispone de lineamientos para incorporar desde la formulación de los proyectos el análisis de riesgo de desastres y criterios de adaptación, incluidos los específicos para infraestructura de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
La consecuencia práctica es que la discusión empieza antes de construir: revisar información climática e hidrológica actualizada, escenarios futuros, localización, vulnerabilidad, períodos de retorno, redundancias, mantenimiento y capacidad de recuperación a lo largo de todo el ciclo de vida de una obra.

04Los glaciares, el termómetro de la alta montaña
En la alta montaña el cambio también deja señales. La OMM estima que los glaciares andinos funcionan como una reserva de agua para cerca de 90 millones de personas en la región y advierte una pérdida acelerada de masa, incluidos los glaciares tropicales de Colombia y Ecuador.
Para el caso colombiano, el IDEAM calcula que durante los eventos de El Niño el derretimiento puede acelerarse hasta 2,4 veces frente a condiciones normales. El país pasó de 33,09 km² de área glaciar en 2022 a 30,8 km² en 2024, y bajo el escenario previsto para 2026-2027 podría perder alrededor de 1,5 km² adicionales, cerca del 5 % de la superficie que le queda.
Los glaciares no son la principal fuente de abastecimiento del país, y no conviene presentarlos así. Su retroceso es, más bien, un indicador especialmente sensible de las transformaciones que ocurren en los ecosistemas de alta montaña y de los ajustes que tendrá que incorporar la gestión del agua a largo plazo.

05Diseñar para un clima que ya no es el de los registros
Durante décadas, la ingeniería estableció las condiciones de diseño de una obra a partir de registros históricos. Esos registros siguen siendo indispensables, pero hoy el reto es complementarlos con información climática actualizada, análisis de vulnerabilidad y escenarios que contemplen condiciones distintas a las observadas en el pasado.
Eso cambia la pregunta. Ya no basta con verificar si una carretera, un puente, una red de drenaje, un acueducto o un sistema de generación cumple las condiciones para las que fue concebido. También hay que evaluar cómo seguirá funcionando frente a temperaturas más altas, sequías más largas, lluvias más intensas y una mayor variabilidad del agua.
Los datos que hoy entregan la OMM, el IDEAM y XM no describen únicamente un episodio meteorológico: son variables que empiezan a cruzarse con decisiones de planificación territorial, agua, energía e infraestructura. El primer examen de corto plazo tiene fecha: la ventana que va de septiembre de 2026 a comienzos de 2027, cuando El Niño alcanzaría su punto más intenso.

Fuentes

OMM — Estado del clima en América Latina y el Caribe 2025.
IDEAM — Actualización del fenómeno de El Niño (13 de agosto de 2026); ola de calor y seguimiento de glaciares.
XM — Boletín de embalses de julio de 2026, Boletín Energético N.º 356 (21 de agosto) y listado de recursos de generación.
Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, DNP y Ministerio de Minas y Energía (Plan Energía YA, 24 de agosto de 2026).

Encuentros Regionales Ingeniería para los Territorios – Región Amazonía

Inscripción · Encuentros Regionales: Ingeniería para los Territorios
Región Amazonía · Leticia, Amazonas

Inscripciones

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Leticia, Amazonas · Museo Etnográfico del Banco de la República
Carrera 11 # 9-43, Leticia, Amazonas.
3 y 4 de septiembre de 2026 · 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Ingreso sin costo · Previa inscripción

Cuenta regresiva para el inicio del encuentro

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Encuentro Región Amazonía · Ingeniería para los Territorios 2026
Agenda académica

3 y 4 de septiembre de 2026 · Auditorio Museo Etnográfico del Banco de la República, Carrera 11 # 9-43, Leticia, Amazonas

*Agenda sujeta a cambios.

Cómo se evalúan las edificaciones tras el sismo del 10 de agosto: guía de la metodología unificada

Cómo se evalúan las edificaciones tras el sismo del 10 de agosto

Acompañamiento técnico · Emergencia sísmica

El Gobierno Nacional adoptó una metodología única para evaluar las edificaciones e infraestructura afectadas por el sismo. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como centro consultivo del Gobierno, explica en qué consiste, qué significan los carteles de colores y cómo pueden vincularse los profesionales de la ingeniería.
Bogotá D.C. · Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) ·

En esta guía

Qué pasó y qué se activó
Una sola metodología para todo el país
Los carteles: verde, amarillo y rojo
Las fases de la evaluación
El papel de la SCI y la CTER
La vigilancia de la Procuraduría
Cómo vincularse como evaluador
Si su vivienda fue evaluada
Glosario y enlaces oficiales

01 · ContextoQué pasó y qué se activó
El 10 de agosto de 2026, un sismo de gran magnitud con epicentro en el occidente del país afectó viviendas, infraestructura vital y bienes patrimoniales en varios departamentos. Ante la escala de las afectaciones, el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, y posteriormente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026.
La declaratoria activó el régimen especial de la Ley 1523 de 2012, que rige la gestión del riesgo de desastres en Colombia, y puso en marcha la articulación de entidades públicas, privadas, académicas y comunitarias bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Una de las tareas centrales de esta etapa es determinar, con criterio técnico, qué edificaciones pueden seguir habitándose, cuáles requieren restricciones y cuáles representan un peligro para sus ocupantes.

La magnitud de la afectación
Corte: 21 de agosto de 2026

163.884
viviendas averiadas

31.445
viviendas destruidas

467
edificios colapsados

351centros de salud
3.579centros educativos
4.611centros comunitarios
435vías
111acueductos

69puentes vehiculares
14puentes peatonales
5aeropuertos

Infraestructura y servicios afectados

Fuente única oficial: UNGRD. Estas cifras corresponden al corte indicado y se actualizan permanentemente; la divulgación de datos consolidados de esta emergencia corresponde exclusivamente a la UNGRD. Consulte el dato más reciente en los canales oficiales: gestiondelriesgo.gov.co.

La escala de estas afectaciones explica por qué se requiere una evaluación técnica ordenada y con un mismo criterio en todo el país: es la única forma de decidir, edificación por edificación, dónde se puede volver con seguridad y dónde no.

02 · El marcoUna sola metodología para todo el país
Hasta ahora, Colombia no contaba con una metodología nacional única y estandarizada para evaluar edificaciones después de un sismo. Existían valiosos desarrollos de entidades territoriales, gremios, universidades y referentes internacionales, pero dispersos. Para esta emergencia, la UNGRD y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) armonizaron esos avances en una sola metodología, adoptada mediante dos documentos oficiales:

Circular Conjunta No. 73 del 20 de agosto de 2026 (UNGRD–IDIGER): fija los lineamientos técnicos y operativos para la evaluación de edificaciones residenciales, de uso mixto e infraestructura vital.
Circular No. 74 del 20 de agosto de 2026 (UNGRD): desarrolla las funciones de soporte, los servicios básicos de respuesta y la transición hacia la recuperación.

La idea rectora es simple pero decisiva: un mismo lenguaje técnico en todo el territorio. Que un cartel amarillo signifique lo mismo en Cali, en Manizales o en Quibdó; que la información sea comparable, verificable y trazable; y que las decisiones se tomen bajo criterios comunes. La metodología no crea nuevos aplicativos: integra y homologa los que ya existen para no generar retrocesos en el terreno.

Una precisión importante desde el inicio
Toda la información oficial de daños se centraliza en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD). La divulgación de cifras consolidadas de esta emergencia corresponde exclusivamente a la UNGRD. Los reportes por fuera de los canales oficiales no tienen carácter oficial.

03 · Lo que verá en la calleLos carteles: verde, amarillo y rojo
Tras la evaluación, cada edificación recibe un cartel visible en su fachada. El sistema se basa en el protocolo internacional ATC-20, adaptado a Colombia. El color resume, en un vistazo, si el inmueble puede ocuparse. Es la parte más visible del proceso y también la más malinterpretada, así que conviene entenderla bien.

VERDE · INSPECCIONADA — Ingreso y usos permitidos

Qué significa
Sin condiciones severas ni daño estructural aparente que comprometa la seguridad de los ocupantes.
Efecto sobre el uso
Ocupación sin restricción. No certifica ausencia total de daño y puede contemplar una evaluación detallada posterior.

AMARILLO · USO RESTRINGIDO — Entrada y ocupación restringidas

Qué significa
Daño severo localizado o daño moderado general, sin compromiso inminente de la estabilidad del conjunto.
Efecto sobre el uso
Ocupación parcial o condicionada, en los términos que indique el cartel. Se instala cinta de aislamiento en los sectores restringidos y se requiere evaluación detallada (Fase 2).

ROJO · INSEGURO — Prohibido su ingreso

Qué significa
Condiciones severas: colapso total o parcial, edificación fuera de su cimentación, inclinación apreciable, daño estructural extendido o amenaza externa inminente.
Efecto sobre el uso
Entrada prohibida, salvo autorización escrita de la autoridad competente. Remisión inmediata a evaluación detallada (Fase 2).

El cartel rojo NO es una orden de demolición
Este es el malentendido más frecuente y conviene despejarlo con claridad: un cartel rojo indica que la edificación es insegura para ocuparla en este momento, no que vaya a ser demolida. La decisión de demoler solo puede tomarla el alcalde mediante un acto administrativo, y únicamente después de una evaluación de ingeniería detallada que la sustente técnicamente. La clasificación por colores es preventiva: protege vidas mientras avanza el análisis.

Otro punto clave: la clasificación es un juicio del evaluador, fundado en las condiciones observadas y en su criterio técnico. No resulta de forma automática del conteo de casillas de un formulario. Y como las réplicas, los movimientos en masa o las lluvias intensas pueden cambiar las condiciones, una edificación puede requerir una nueva inspección.

04 · El procesoLas fases de la evaluación
La evaluación es escalonada: cada fase tiene mayor profundidad y menor cobertura que la anterior. Ninguna fase reemplaza a la previa; cada una deja un registro propio, fechado y trazable.

FaseEn qué consisteResultado

Fase 1Evaluación rápida
Inspección visual y de corta duración sobre todas las edificaciones afectadas en las zonas priorizadas. No es un dictamen estructural detallado.
Asignación del cartel (verde, amarillo o rojo), restricciones de uso y remisión a la fase siguiente.

Fase 2Evaluación detallada
Análisis técnico y social a fondo sobre las edificaciones remitidas y, desde el inicio, sobre la infraestructura vital (salud, educación, servicios esenciales). Contempla georreferenciación y, cuando aplica, uso de drones.
Confirmación o cambio del cartel, medidas de intervención a corto, mediano y largo plazo, y caracterización del hogar.

Fase 3Ingeniería y resolución de discrepancias
Panel técnico especializado, con expertos nacionales e internacionales en patología estructural, que actúa cuando persiste un desacuerdo o se requiere un dictamen de mayor nivel.
Dictamen técnico especializado que sirve de base común para la recuperación y para dirimir controversias.

A estas fases se suma una etapa posterior de evaluación de ingeniería para definir alternativas de reforzamiento, demolición o reconstrucción sobre las edificaciones con cartel rojo, que se analiza junto con los ministerios y las autoridades competentes.

Toda la información recopilada alimenta instrumentos clave de la respuesta y la recuperación: el EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), el RUD (Registro Único de Damnificados) y, más adelante, el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE).

05 · Nuestro papelEl papel de la SCI y la CTER
La Sociedad Colombiana de Ingenieros figura de manera expresa en la Circular 73 como centro consultivo del Gobierno Nacional, con la función de convocar a la comunidad de ingeniería y aportar su registro de profesionales al esfuerzo de evaluación. Junto a la SCI concurren otras entidades: el IDIGER como experto técnico, el PNUD en cooperación técnica, la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica (CEER) en el soporte técnico-científico del protocolo, CAMACOL, la Sociedad Colombiana de Geotecnia, universidades y gremios afines.
En esa línea, la SCI, junto con CAMACOL, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural (ACIES), el CEER y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), conformó la Comisión Técnica de Acompañamiento a la Emergencia y Reconstrucción (CTER), que une capacidades gremiales, académicas y profesionales para acompañar al país en esta etapa.

06 · Control preventivoLa vigilancia de la Procuraduría
Además de la respuesta operativa, existe una capa de control. El 19 de agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 015, dirigida a gobernadores, alcaldes distritales y municipales, curadores urbanos y procuradores regionales, distritales y provinciales, en materia de prevención y vigilancia de la gestión del riesgo sísmico, seguridad de las edificaciones, infraestructura esencial, continuidad de los servicios y protección patrimonial y financiera.
Un matiz importante: esta directiva no depende de un sismo en particular. Es un instrumento de vigilancia preventiva permanente; el sismo del 10 de agosto es un elemento de seguimiento y priorización, pero no limita su alcance. La actuación de la Procuraduría es estrictamente preventiva: no evalúa edificaciones, no certifica su estabilidad ni sustituye las competencias de curadores, autoridades de planeación, gestión del riesgo, entidades científicas o aseguradoras. Su papel es verificar que las autoridades competentes identifiquen los riesgos y adopten las medidas.
La directiva se apoya en un marco normativo de fondo que conviene tener presente: la Ley 400 de 1997 (criterios y requisitos mínimos para diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones) y el Reglamento NSR-10 con sus modificaciones vigentes (Decretos 1401 y 1580 de 2023, entre otros). La consolidación y el seguimiento se harán a través de la Matriz Nacional de Seguimiento Preventivo del Riesgo Sísmico y Protección Patrimonial.

Qué le pide la Directiva 015 a cada autoridad
Explore por destinatario o busque un tema específico. Fuente: Directiva No. 015 de 2026, Procuraduría General de la Nación.

Todos
Gobernadores
Alcaldes
Curadores
Autoridades territoriales

Curadores urbanos
Informar los mecanismos mediante los cuales verifican, en los trámites de licenciamiento a su cargo, el cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y del Reglamento NSR-10, así como la exigencia de los estudios, diseños, revisiones estructurales y supervisiones técnicas que resulten obligatorios.

Curadores urbanos
Informar los mecanismos de articulación e intercambio de información con las autoridades municipales o distritales competentes, con respeto de su autonomía funcional.

Gobernadores
Verificar e informar el estado y la actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD) y su articulación con los instrumentos de planificación.

Gobernadores
Identificar escenarios de riesgo sísmico de alcance departamental o supramunicipal e identificar la infraestructura departamental esencial susceptible de afectación, con prioridades de evaluación, intervención y recuperación.

Gobernadores
Fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar la continuidad de los servicios esenciales e informar los programas, proyectos y recursos departamentales destinados a la reducción del riesgo sísmico.

Alcaldes
Verificar e informar el estado y la actualización del Plan Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo (PMGRD) y de la estrategia para la respuesta a emergencias, e informar cómo se incorpora el riesgo sísmico en el ordenamiento territorial.

Alcaldes
Identificar e informar las edificaciones e infraestructura pública esencial cuya afectación pueda comprometer la vida, la atención de emergencias o la continuidad de los servicios.

Alcaldes
Informar las acciones para reducir la vulnerabilidad de edificaciones existentes, en especial las construidas bajo reglamentos anteriores o con modificaciones estructurales, y los cronogramas de reforzamiento de la infraestructura priorizada.

Alcaldes
Verificar los mecanismos de licenciamiento, control urbanístico y seguimiento que permitan la aplicación efectiva de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, incluidas las medidas frente a obras ejecutadas sin licencia.

Autoridades territoriales
Identificar y priorizar la infraestructura esencial cuya afectación pueda generar consecuencias graves: hospitales, centros de salud, instituciones educativas, estaciones de bomberos, acueducto, energía, telecomunicaciones, puentes, vías estratégicas y aeropuertos.

Autoridades territoriales
En protección patrimonial y financiera: informar los mecanismos de aseguramiento (pólizas, fondos de reserva, transferencia del riesgo), su vigencia, sumas aseguradas y deducibles, y las medidas frente a bienes esenciales sin protección financiera.

Autoridades territoriales
Informar los procedimientos para la atención de siniestros, evaluación de daños, reclamaciones y las medidas para garantizar la continuidad de los servicios mientras avanzan los procesos de reparación o reconstrucción.

No hay obligaciones que coincidan con la búsqueda.

Síntesis con fines divulgativos de las disposiciones PRIMERA a QUINTA de la Directiva 015. El texto completo y vinculante prevalece sobre este resumen.

Para ingenieros y estudiantes
Cómo vincularse como evaluador
Si usted es ingeniero, arquitecto o estudiante de últimos semestres y quiere sumarse a la evaluación, el primer paso es inscribirse en el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE). Nadie puede desplegarse a terreno sin estar inscrito y habilitado allí; es el mecanismo oficial que verifica idoneidad, conforma las brigadas y asigna el identificador de inspector.

Requisitos generales:

Matrícula o tarjeta profesional vigente (verificada ante el COPNIA para ingenieros o el CPNAA para arquitectos).
Afiliación activa a salud y a riesgos laborales (ARL) durante toda la participación.
Elementos de protección personal (EPP) para el trabajo en campo.
Los estudiantes de 9.° y 10.° semestre pueden participar en Fase 1 con carta de aval de su universidad y bajo la responsabilidad de un docente habilitado.

Su perfil define en qué fase participa. La metodología define perfiles P1 a P8, acumulativos: quien acredita un perfil especializado puede actuar en las fases previas si cumple la formación básica habilitante. A grandes rasgos:

Evaluación rápida (Fase 1): ingenieros civiles y arquitectos con matrícula vigente (P1, sin mínimo de años); verificadores con experiencia post-sismo o en revisión estructural (P2); y estudiantes de 9.° y 10.° semestre avalados.
Evaluación detallada (Fase 2): especialistas en estructuras (P3), en geotecnia o geología aplicada (P4), patólogos estructurales con más de cinco años de experiencia certificada (P5) y evaluadores del componente social (P8).
Panel técnico (Fase 3): principalmente patólogos estructurales (P5) de nivel nacional e internacional, con P3 y P4 como apoyo. Ningún integrante puede haber evaluado antes la misma edificación.

La condición de voluntario no genera relación laboral ni contractual, y no exime del deber de cuidado ni de la responsabilidad profesional. La capacitación es condición de validez: solo el personal habilitado diligencia los instrumentos y asigna la clasificación.

Vincularse a la CTER
Inscripción al RUPE (formulario oficial UNGRD): forms.gle/2xYSrodw9nUF3Z2A8

06 · Para la comunidadSi su vivienda fue evaluada
Si un evaluador inspeccionó su edificación e instaló un cartel, tenga en cuenta:

Respete el cartel y las cintas de aislamiento. Están puestos para proteger su vida y la de los demás mientras se completa el análisis.
Un cartel amarillo o rojo no es definitivo. La Fase 2 puede confirmarlo o modificarlo. Las restricciones deben cumplirse mientras tanto.
Solo la autoridad puede retirar o cambiar un cartel. No lo remueva ni lo altere: hacerlo, además de peligroso, es una infracción.
Verifique la identidad de los evaluadores. Los profesionales habilitados portan su identificación y acreditación. Ante cualquier duda, consulte con el consejo municipal o distrital de gestión del riesgo.
Si no está de acuerdo con el resultado, puede solicitar una evaluación detallada ante el consejo municipal o distrital de gestión del riesgo de su jurisdicción.

07 · ReferenciaGlosario y enlaces oficiales

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Coordina el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).
IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. Experto técnico en la metodología de evaluación.
RUPE
Registro Único de Profesionales Evaluadores. Registro oficial donde se inscriben y habilitan los profesionales que participan en la evaluación.
EDAN
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Consolida la información oficial de afectaciones que soporta el Plan de Respuesta a Emergencias.
CTER
Comisión Técnica de Acompañamiento a la Emergencia y Reconstrucción, conformada por gremios y asociaciones de la ingeniería y la arquitectura.
ATC-20
Protocolo internacional de evaluación de seguridad de edificaciones después de un sismo, base de la metodología adaptada a Colombia.
NSR-10
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, marco técnico de referencia para las evaluaciones.

Fase 1
Evaluación rápida sobre el universo de edificaciones afectadas

Fase 2
Evaluación detallada de infraestructura vital y casos remitidos

Fase 3
Panel técnico de ingeniería y resolución de discrepancias

Documentos oficiales para consulta:

Circular Conjunta No. 73 de 2026 (UNGRD–IDIGER): idiger.gov.co
Circular No. 74 de 2026 (UNGRD): gestiondelriesgo.gov.co
Directiva No. 015 de 2026 (Procuraduría General de la Nación): procuraduria.gov.co
Inscripción al RUPE: forms.gle/2xYSrodw9nUF3Z2A8
Vinculación a la CTER: sociosci.org.co/cter

La Sociedad Colombiana de Ingenieros acompaña técnicamente la respuesta a la emergencia dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta nota tiene fines informativos y divulgativos; las decisiones oficiales corresponden a las autoridades competentes según la Ley 1523 de 2012.

Colombia frente al fuego: la cifra real de incendios estructurales duplica la oficial

Un nuevo Libro Blanco de ANRACI, contrastado con datos operativos de once ciudades, estima que en Colombia ocurren cerca de 6.440 incendios estructurales al año —el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales— y propone una hoja de ruta de política pública en seis frentes para cerrar la brecha.
Cada día, en promedio, 17,64 edificaciones colombianas se incendian. Eso equivale a unos 6.440 eventos al año y a una tasa aproximada de 12 incendios estructurales por cada 100.000 habitantes. Es más, del doble de los 5 por 100.000 habitantes que reportó, por última vez en 2020, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). La entidad no ha vuelto a publicar cifras actualizadas desde entonces. 

Ver cifras y gráficos interactivos →

Esa es la conclusión central del Libro Blanco de ANRACI 2026: Protección Contra Incendios — Elementos estructurales de política pública para Colombia, elaborado por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANRACI) a partir de un análisis estadístico propio —Análisis Estadístico de la Ocurrencia de Incendios Estructurales en Colombia— que cruzó datos operativos primarios suministrados directamente por cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios de once ciudades y territorios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Valledupar, Cúcuta, Pereira y el departamento de Antioquia. En conjunto, esa muestra representa el 55,05 % de la población urbana del país.
El mensaje de fondo no es solo estadístico. «El país no puede gestionar lo que no mide», sostiene el documento, y advierte que la meta de la política pública no puede ser simplemente reducir un número, sino asegurar que ningún colombiano vuelva a perder la vida, su patrimonio o su sustento por un incendio prevenible.
Un país que no mide su propio riesgo
El hallazgo más contundente del diagnóstico es la magnitud del subregistro. ANRACI comparó, ciudad por ciudad, los registros operativos reales de los cuerpos de bomberos con las cifras que llegan a las bases de datos nacionales, y encontró distorsiones que van de lo notable a lo extremo:

En Pereira, los registros operativos locales (71 incendios estructurales promedio anual entre 2023 y 2025) superan en 4,7 veces el promedio que aparece en los registros nacionales (15 al año entre 2018 y 2026).
En Barranquilla, la diferencia es de otro orden: 404 incendios estructurales registrados solo en 2024 por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, frente a un promedio nacional implícito de apenas 2,3 al año —una distorsión de cerca de 176 veces.
En Cúcuta, capital de departamento con más de 800.000 habitantes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondió formalmente a la solicitud de información de ANRACI invocando «reserva y custodia» de sus datos operativos, dejando a la ciudad sin cifra alguna disponible para el análisis nacional.

Barranquilla, además, resultó ser la ciudad con la tasa de incidencia más alta de toda la muestra: 37,45 incendios estructurales por cada 100.000 habitantes, seguida de Ibagué (33,08) y Bucaramanga (31,28). Le siguen Cartagena y Medellín (23,5), Cali (22,7), Valledupar (20,8), Pereira (17,2), Cúcuta (11,8) y Bogotá (11,2). Antioquia, sin contar Medellín, registra la tasa más baja (2,4), reflejo de las limitaciones de reporte en municipios pequeños y de difícil acceso más que de una ausencia real de riesgo: de los 104 municipios antioqueños con registro en 2024, 21 no reportaron un solo incendio en diez años.
En términos absolutos, Bogotá concentra el mayor número de eventos: 899 incendios estructurales en 2025, dentro de un total de 1.367 emergencias de todo tipo atendidas por su Cuerpo Oficial de Bomberos (incluyendo vehiculares, forestales y en sótanos). Le siguen Medellín (595), Cali (560), Barranquilla (497) y Cartagena (244).
¿Qué está incendiando a Colombia?
Donde existen registros robustos —como en Bogotá, con series desde 2016— el patrón es consistente y se repite año tras año: el 72,7 % de los incendios estructurales ocurre en edificaciones residenciales, muy por encima del comercio (14,8 %) y la industria (8,3 %). La cifra es coherente con la evidencia mundial que recoge el reporte de la Center for Fire Statistics (CTIF): el 85,1 % de las muertes por incendio y el 73,5 % de las lesiones en el mundo ocurren, precisamente, en viviendas.
Sobre las causas, en Bogotá el 76 % de los incendios estructurales de 2025 se clasificó como accidental. La llama abierta explica el 35 % de los eventos y las fallas de origen eléctrico —sumando falla eléctrica, falla en aparatos eléctricos y electrónicos, y chispas eléctricas— otro 25 %, consolidándose como el segundo gran factor de riesgo después del fuego abierto. El patrón coincide con el diagnóstico mundial del CTIF, que ubica la falla eléctrica como la segunda causa de incendio a escala global (18 %), apenas detrás de la negligencia general (25 %).
Para ANRACI, ese 81,7 % de causas accidentales no es un atenuante sino evidencia de que la enorme mayoría de estos eventos era evitable con medidas de bajo costo relativo —detección temprana, mantenimiento eléctrico preventivo, control de fuentes de ignición— que hoy no son exigibles de forma sistemática en el país, particularmente en la vivienda urbana.
Las localidades y comunas más golpeadas —Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa en Bogotá; La Candelaria, Aranjuez y Belén en Medellín— comparten alta densidad poblacional, infraestructura envejecida, mezcla de usos del suelo y, en varios casos, presencia de asentamientos informales. El riesgo de incendio, advierte el Libro Blanco, golpea con mayor severidad a la población que ya es más vulnerable.
Cómo se ve Colombia frente al mundo
El contraste internacional confirma que el problema colombiano no es solo de magnitud, sino de rezago regulatorio. Según el segundo estudio regional de la Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios (LATAM PCI, 2025), que calificó de 0 a 5 el nivel de exigencia normativa en doce países de la región, Colombia obtuvo 2,0 puntos, por debajo del promedio regional (2,6) y lejos de los mejores calificados: Perú y Brasil (4,5 cada uno), Ecuador (3,5) y Uruguay (3,4). Solo Chile, República Dominicana, Bolivia, Argentina y Paraguay quedaron peor calificados que Colombia.
El propio estudio matiza el diagnóstico: Colombia obtuvo la calificación máxima (5,0/5,0) en definiciones normativas, clasificación de ocupaciones y tipos de construcción, lo que indica que el problema no es la ausencia de conocimiento técnico, sino la falta de un marco institucional que lo haga exigible y fiscalizable. En cambio, el país solo alcanzó 0,3/5,0 en «facilidades para bomberos» y 2,3/5,0 en «medios de alarma y evacuación».
En el frente puramente estadístico, la tasa colombiana —incluso corregida por ANRACI a 12 por 100.000 habitantes— sigue lejos de países con sistemas de información consolidados: República Checa reporta 48 incendios estructurales por 100.000 habitantes y Estados Unidos, 141. Colombia, cabe anotarlo, ni siquiera hace parte de la muestra de 40 países que integra el reporte mundial de estadísticas de bomberos del CTIF.
La propuesta: seis componentes para cerrar la brecha
Sobre esa base, ANRACI —gremio que este año cumple una década representando a la protección contra incendios en Colombia— presenta una propuesta de política pública estructurada en seis componentes, inspirada en modelos ya adoptados en Costa Rica, Ecuador, Perú y Estados Unidos:

Código nacional de incendios independiente y actualizable, que cierre una brecha normativa de más de dos décadas: el NSR-10 vigente, expedido en 2010, incorpora referencias técnicas de 2006.
Sistema Nacional Obligatorio de Estadísticas de Incendios (SNEIE), con reporte obligatorio, diccionario de datos único, publicación trimestral y auditoría anual de coherencia estadística —para que Colombia deje de ser el país que no sabe cuántos incendios tiene.
Mínimos verificables de protección diferenciados para vivienda (detección y alarma básica, control de fuentes de ignición, capítulo eléctrico reforzado) e industria (construidos sobre el reciente Programa de Prevención de Accidentes Mayores).
Certificación profesional obligatoria, acreditada por la ONAC, para diseñadores, supervisores de obra e inspectores de edificaciones existentes —resolviendo el conflicto de interés actual, en el que la supervisión de obra suele ser contratada por el propio constructor.
Delegación regulada de funciones públicas en agentes certificados, para ampliar la cobertura de inspección sin sustituir a los cuerpos de bomberos ni su autoridad de vigilancia y control.
Una autoridad nacional de protección contra incendios, inspirada en el modelo Fire Marshal de Estados Unidos, que centralice la actualización normativa, la administración del SNEIE, la acreditación de mínimos sectoriales y la coordinación del esquema de certificación.

La hoja de ruta propuesta se despliega en cuatro fases —habilitación normativa y estadística, pilotos, escalamiento nacional y auditoría de impacto—, con un horizonte de 12 a 24 meses para medir resultados concretos: menos causas indeterminadas, menos eventos por falla eléctrica y menos incendios por llama abierta.
Por qué le concierne a la ingeniería colombiana
El diagnóstico de ANRACI toca directamente el ejercicio de la ingeniería en Colombia: estructural, eléctrica, industrial y de protección contra incendios. La brecha que documenta el Libro Blanco —entre una normativa técnica que en varios frentes es robusta y una capacidad institucional de fiscalización que no alcanza a hacerla exigible— es, en el fondo, un problema de gobernanza técnica que involucra directamente a quienes diseñan, supervisan, inspeccionan y certifican edificaciones e instalaciones industriales en el país.
ANRACI ha puesto el documento a disposición pública y ha invitado a gremios, entidades y academia a discutirlo y utilizarlo como insumo para la construcción de política pública. Para la ingeniería colombiana, y en particular para quienes trabajan en diseño estructural, instalaciones eléctricas y gestión del riesgo, el llamado es claro: la conversación sobre cómo se protege a Colombia del fuego —y sobre quién certifica que esa protección realmente funciona— apenas comienza.
Fuentes: ANRACI, «Libro Blanco ANRACI 2026 — Protección Contra Incendios: Elementos estructurales de política pública para Colombia» (2026); ANRACI Research, «Análisis Estadístico de la Ocurrencia de Incendios Estructurales en Colombia» (2026); Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios (LATAM PCI), «Estado de la Regulación: Protección Contra Incendios en Latinoamérica» (2025); International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), World Fire Statistics, reporte N.º 31 (2026).
 

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