Categoría: Informe Contratación

Se investigarán 200 edificios por posibles problemas estructurales: SCI

La denuncia la hizo el presidente de la SCI, Germán Pardo, tras un informe que conoció W Radio en el que los mismos piden soluciones al Gobierno frente al tema

W Radio conoció un reciente informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el que expuso su preocupación y entregó un análisis de las posibles causas que terminan generando problemas estructurales en edificios a nivel nacional y con un número importante en Medellín. En total se presume que en Colombia existirían 200 edificios con posibles problemas que tendrían que ser revisados.
En el inicio del análisis, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, llama la manifiesta que las fallas presentadas en edificios le están sucediendo a empresas reconocidas en el sector de la construcción, a empresas de diseño y diseñadores estructurales que llevan muchos años ejerciendo su labor, y no a ingenieros inexpertos, asegurando que la única causa posible para esto, radica en que la ambición desmedida por las utilidades ha llevado a buscar “ahorros” donde no puede haberlos, como es el caso de los honorarios, de los diseñadores, curadores, revisores y supervisores, o en lograr estructuras más baratas con menos refuerzo o concreto debido a las llamadas “hiper-optimizaciones”, que no son otra cosa según los ingenieros que bajar los factores de seguridad de las estructuras y no cumplir con las normas establecidas.
Dentro de su pronunciamiento la SCI aseguró que con las normas actuales que rigen al sector de la construcción, los promotores de los proyectos siguen escogiendo al diseñador, al revisor independiente, a la curaduría urbana, al constructor, al supervisor técnico independiente, al comprador e incluso la forma de otorgar las garantías (bancarias, pólizas, fiducias). Lo que en la práctica según los ingenieros da la libertad al promotor de buscar “ahorros” incluso en los honorarios de quienes controlan la calidad de sus diseños y construcción, como son el revisor y el supervisor. Afectando rotundamente el propósito de la norma, mediante la cual el Estado pretende delegar el control independiente, pero en forma ineficaz, sin que pueda eximirse de su responsabilidad.
Frente al escenario la Sociedad Colombiana de Ingenieros, instó al Gobierno Nacional a adelantar con urgencia las acciones requeridas, para evitar que tragedias como las que han pasado en los últimos seis años, recordando casos como del Edificio Space, y recientes órdenes de evacuación en Medellín, de más de 300 apartamentos, en tres edificios, afectando a casi mil personas se vuelvan a presentar.
Dentro de esas acciones los ingenieros piden que: haya inspecciones para edificios construidos, especialmente en los que hay sospecha de problemas estructurales, que haya sanciones a profesionales y empresas en las que se demuestre que se ha actuado por fuera de las normas; y que en el caso de edificios por construir, la escogencia del revisor independiente y del supervisor técnico independiente no sea realizada por el promotor sino por el Estado a través de un sistema de reparto estatal o a través de las compañías de seguros.
Fuente La W

PRONUNCIAMIENTO DE LA SCI SOBRE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS RECIENTES Y POSTERIORES A LA CAÍDA DEL EDIFICIO SPACE EN COLOMBIA

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) lamenta enormemente y se solidariza con las familias afectadas en la ciudad de Medellín que tuvieron que desalojar sus viviendas por problemas estructurales en sus edificios. El 23 de octubre de 2019, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), dio orden de desalojo a 246 apartamentos en los que habitaban 750 personas aproximadamente en el proyecto Atalaya de la Mota en el sector de Belén, compuesto por dos edificios de 25 pisos cada uno.
En la semana del 28 de octubre se sumó el caso del edificio Kampala localizado en el barrio Pilarica, que significó el desalojo para 76 familias y más de 200 personas. Según informó el Dagrd, que la orden de evacuación del edificio de 12 pisos y tres sótanos se dio por un estudio realizado por los propietarios y la firma constructora el cual indicaba alto riesgo de colapso de la estructura.
Hasta ahora el cálculo de los edificios que han sido evacuados, los que están aún sin arreglar, algunos ya reforzados y otros demolidos, pueden ser del orden de 20, que involucraron más de 2.000 viviendas y más 10.000 personas afectadas. Estimaciones de Expertos indican que los edificios con estos problemas pueden llegar a ser cientos. En el caso desafortunado de un sismo, el posible colapso de estos edificios “hiper-optimizados”, que no cumplen las normas establecidas, cobrarían la vida de miles de personas y afectarían a muchísimas más; es por eso urgente tomar acciones inmediatas.
Desde que ocurrió la tragedia del edificio Space en octubre 13 de 2013, donde perdieron la vida doce personas, se promovió un cambió en las normas que dieron origen a la Ley 1796 de 2016 y sus reglamentaciones que se hicieron efectivas a partir de julio 1 de 2017 y que, como elemento de seguridad, promovieron importantes cambios, algunos de los cuales tan solo se implementarán en el 2021 según lo dispuesto en el Decreto 922 de 2019.
Dada la falta de velocidad en la expedición de las normas y su falta de alcance, desde 2013 la SCI empezó a promover una serie de foros, que en 2014 y 2015 se continuaron con varios comunicados, pronunciamientos, congresos y seminarios que alertaron sobre la urgencia de hacer la verificación de edificios altos y de ajustar aún más las normas al respecto, que se resumen en los documentos que se listan a continuación:

Informe de Gestión de la SCI 2014-2015, el cual se puede leer en la página de la SCI: https://sci.org.co/wp-content/uploads/2018/11/7_informe_marz2015-final.pdf
Se continuó discutiendo el tema en marzo de 2015, en el 33 Congreso Nacional de Ingeniería https://sci.org.co/memoria-de-eventos/
Revista Anales de Ingeniería, 938 de octubre 2017, cuyo tema central fue la problemática de la “ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES” que se puede consultar en la página de la SCI https://sci.org.co/edicion-938-estabilidad-y-seguridad-de-las-construcciones/
En abril de 2018, la SCI emitió un comunicado que se denominó: “CONSTRUIR EDIFICIOS EN EL PAÍS, UNA TAREA QUE REQUIERE AJUSTES” https://sci.org.co/construir-edificios-en-el-pais-una-tarea-que-requiere-ajustes/
En agosto de 2018, la SCI emitió un pronunciamiento que quedó registrado en la revista Anales de Ingeniería, edición 942 titulado “SOLICITUD AL GOBIERNO NACIONAL PARA AJUSTAR LOS PROCESOS DE NEGOCIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON MIRAS A ASEGURAR LA CALIDAD EN LAS EDIFICACIONES Y OBRAS DE INGENIERÍA” que se pueden consultar en la página de la SCI, https://sci.org.co/revista-anales-de-ingenieria-edicion-942-ingenieria-para-el-desarrollo/ página 10.

Para controlar y parar esta tragedia, en el país debemos comprender de una vez por todas la causa de esta gravísima situación. Como los casos anotados le está sucediendo a empresas reconocidas en el sector de la construcción, a empresas de diseño y diseñadores estructurales que llevan muchos años ejerciendo su labor, y no a ingenieros inexpertos, la única causa posible radica en que la ambición desmedida por las utilidades ha llevado a buscar “ahorros” donde no puede haberlos, como en los honorarios de los diseñadores, curadores, revisores y supervisores, o en lograr estructuras más baratas con menos refuerzo o concreto debido a las llamadas “hiper-optimizaciones”, que no son otra cosa que bajar los factores de seguridad de las estructuras y no cumplir con las normas establecidas. Los hechos demuestran que ésta es una práctica criminal ante la cual el Estado debe cumplir su obligación de inmediato, antes de que suceda una tragedia de mayores proporciones aún.
En 2014 el Diario El Colombiano lo había advertido también: “para muchos constructores, académicos y algunos representantes de agremiaciones del sector en Antioquia, algunos sistemas de optimización de recursos son utilizados para implementar modalidades de remuneración basadas en porcentajes de lo ahorrado”.  Es decir, el incentivo perverso de premiar con más contratos al diseñador que cobre unos honorarios más bajos, que haga unos diseños estructurales más rápidos, sumado al premio por menores cuantías de acero y concreto, ¡todo a expensas de la seguridad de la edificación! Se puede hablar de una problemática sistematizada, porque tales diseñadores se apoyan en las herramientas computacionales disponibles hoy en día, manipulan los números y olvidan el criterio, la experiencia y, sobre todo, el sentido ético que todo ingeniero debe imprimir en su trabajo. Además, muchos de estos proyectos no contaron con la participación de una verdadera revisión y supervisión independientes.
Con la norma actual, el promotor del proyecto sigue escogiendo al diseñador, al revisor independiente, a la curaduría urbana, al constructor, al supervisor técnico independiente, al comprador e incluso puede escoger la forma de otorgar las garantías (bancarias, pólizas, fiducias). En la práctica, el promotor tiene la libertad de buscar “ahorros” incluso en los honorarios de quienes controlan la calidad de sus diseños y construcción, como son el revisor y el supervisor y a su vez escoge quien le diseñará y le construirá el proyecto; es decir, juez y parte, lo cual elimina el propósito de la norma, mediante la cual el Estado pretende delegar el control independiente, pero en forma ineficaz, sin que pueda (ni tenga sentido) eximirse de su responsabilidad.
La SCI, insta al Gobierno Nacional a adelantar con urgencia las acciones requeridas, para evitar que tragedias como las que han pasado en esto últimos seis años y las que podrían sobrevenir, enluten a los colombianos y afecten a miles de personas indefensas que confiaron en el control del Estado.
En resumen, estas acciones son:
Para edificios construidos:

Inspección de edificios que no contaron con labores de revisión ni supervisión efectivas o en las que se tenga sospecha de problemas estructurales, e implementación de las acciones que se requieran.
Sanciones ejemplarizantes a profesionales y empresas en las que se demuestre que se ha actuado por fuera de las normas.

Para Futuras construcciones:

Reparto de proyectos privados y públicos en las diferentes curadurías urbanas para tramitar las licencias de construcción (actualmente ese reparto sólo se da para proyectos del Estado y para vivienda VIS unifamiliar), con la no posibilidad de escogencia por parte del promotor. Y pago anticipado de expensas del 100 % del costo total para que la curaduría pueda revisar de manera independiente (hoy en día la curaduría en caso de no aprobar un proyecto sólo recibe el cargo fijo que puede equivaler a menos de un 2 % en proyecto grandes, lo cual no garantiza el pago del trabajo realizado, ni su funcionamiento).
Obligación del seguro como garantía efectiva, y desde ahora sin excepciones de no cubrir casos de terremoto o incendio. A la fecha, la póliza obligatoria de terremoto de zonas comunes tan solo cubre menos del 10 % del costo del proyecto.
Que la escogencia del revisor independiente y del supervisor técnico independiente no sea realizada por el promotor sino por el Estado a través de un sistema de reparto estatal o a través de las compañías de seguros.

IMPARCIALIDAD Y ENJUNDIA: NECESIDAD IMPERIOSA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) desde el año 2010, inició una tarea titánica encaminada a combatir la presentación de ofertas únicas en las licitaciones públicas, para que el país adoptara los “pliegos tipo”, que aseguraran la pluralidad de ofertas y evitara los pliegos amañados en los procesos de compras y contratación pública.
En tal virtud, desde agosto de 2011, fecha en la cual el Ministerio de Transporte presentó al Congreso de la República el articulado que incluía el establecimiento de documentos o pliegos tipo para los procesos de contratación pública en aras de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización del empleo de los recursos del Estado, la SCI ha respaldado decididamente esta iniciativa y la ha acompañado hasta conseguir los logros que hoy en día y en forma muy elocuente, se han obtenido para el sector de infraestructura vial.
El proyecto de Ley No. 389/2019 Cámara “Por la cual modifica el Artículo 4 de la Ley 1882 de 2018”, es una apuesta fundamental del Gobierno Nacional para combatir la corrupción y en la SCI lo consideramos prioritario. Sin embargo, el texto presentado en último debate de la Cámara de Representantes, donde se incluyen agentes políticos para participar en comisiones, supuestamente técnicas, para elaborar los documentos tipo – esto es, inclusive, para definir los factores habilitantes o de puntuaciones de selección – resulta en un enorme contrasentido que debe rechazarse enérgicamente por inapropiado e inaceptable.
Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros llamamos la atención acerca de los múltiples riesgos de esta politización de comisiones técnicas, que es precisamente donde se extravían los principios de transparencia, planeación y economía en la contratación estatal. Es necesario ser enfáticos en que, para combatir la corrupción y para optimizar la ejecución del gasto público, se debe contar únicamente con agentes técnicos que garanticen la imparcialidad en la preparación de las bases técnicas y administrativas de los procesos contractuales. Por supuesto, sobre bases técnico-económicas bien preparadas y maduradas, las instancias políticas tienen un mejor campo de acción para debatir y decidir las prioridades y metas de la gestión estatal.
En la misma forma, presentamos a consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tres aspectos de la redacción actual que seguimos viendo con alta preocupación, con su debida argumentación, para que sean tenidos en cuenta en el trámite del proyecto de la referencia.

Limitación al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al fijarse el domicilio de los oferentes como un factor de ponderación.
El texto aprobado en tercer debate consagró el domicilio de los oferentes como un nuevo criterio de ponderación en la contratación pública, lo cual se traduce en que se otorgarán puntos adicionales a aquellos oferentes que tengan domicilio en el lugar en el que se tramite el proceso de selección de contratista. Esta situación genera, en la práctica, que las empresas no puedan obtener adjudicaciones de procesos de contratación pública en aquellos municipios o departamentos diferentes al lugar de su domicilio; lo cual implica, que las pequeñas y medianas empresas (todas y de todo origen) y los profesionales consultores individuales pierdan su única opción de crecer que es a través del acceso a la contratación estatal. Sumamente grave esta iniciativa, y perverso el efecto para el desarrollo socioeconómico de las regiones relativamente más rezagadas.
 Asignar puntos adicionales al domicilio de los oferentes sería inconstitucional.
De acuerdo con la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria. Por tal motivo, introducir criterios de ponderación en la contratación pública para asignar puntaje adicional a los oferentes en consideración a su domicilio, introduce una forma de discriminación en razón del origen o domicilio, lo cual desconoce el principio de república unitaria, y por ende, la norma sería inconstitucional.
Coadministración de las entidades de control.
El artículo 2° del proyecto de ley, pretende crear una comisión de seguimiento y control que incluye en ella entidades con perfil político y no técnico, así como entes de control, lo que podría constituirse en una especie de coadministración de la Agencia Nacional de Contratación, habida cuenta que tendría la potestad de emitir conceptos y recomendaciones en torno a los parámetros a incluir en los documentos tipo. Teniendo en cuenta las facultades asignadas legalmente a la Agencia de Contratación, consideramos que no es necesaria ni oportuna esta comisión como ha sido planteada. En todo caso, constituir una comisión asesora como la planteada debería ser exclusivamente técnica, conformada por la academia y los gremios, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros o muchas otras asociaciones profesionales afines, correspondientes o regionales, en muy diversos campos de la ingeniería, la economía, la administración o el derecho – por citar algunos referentes – de la más alta tradición y reconocimiento o calificación; de tal manera que con este concurso calificado, de la sociedad civil institucionalizada, se asegure la independencia técnica y administrativa de Colombia Compra Eficiente.

La implementación de pliegos tipo es una necesidad imperiosa para el desarrollo armónico de los diferentes sectores de la economía colombiana. En la Comisión Primera de la Cámara, la SCI ya presentó sus argumentos a los ponentes, y se evidenció el respaldo total de los gremios y del Gobierno Nacional a las consideraciones anteriores. Ahora, hacemos un llamado urgente al Congreso de la República para que atienda el clamor de la ingeniería nacional, pues este proyecto es imprescindible para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas colombianas, especialmente en las regiones, muy afectadas por el flagelo de la corrupción y la inefectividad del gasto público.
Germán Pardo Albarracín
Presidente
Sociedad Colombiana de Ingenieros

Cuelgan ‘mico’ en Pliegos Tipo para las licitaciones

Ponentes añadieron una medida que incluye en el proceso de elaboración de los pliegos a agentes políticos de distinto nivel.
El Gobierno Nacional ha apostado por la Ley que amplía la obligación de contratar con documentos tipo los procesos de licitación estatales para evitar los proyectos con únicos oferentes.
Sin embargo, para el último debate en la Plenaria de la Cámara los ponentes del proyecto añadieron una medida que incluye en el proceso de elaboración de los pliegos a agentes políticos de distinto nivel, quitándole la facultad exclusiva a la entidad técnica Colombia Compra Eficiente.
En la comisión primera se había determinado que la entidad encargada de diseñar los pliegos tipo sería Colombia Compra Eficiente.
Además, que se crearía una comisión integrada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la oficina de Transparencia del Gobierno Nacional para crear observaciones en los pliegos.
Pero, en el artículo dos los ponentes piden que se creé una mesa técnica para elaborar los documentos tipos y estaría compuesta por representantes de la Federación Nacional de Municipios (los alcaldes), la Federación Nacional de Departamentos (los gobernadores), la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), dos miembros de la academia de expertos de la contratación pública estatal; dos senadores, dos representantes de la comisión primera de ambas corporaciones y un representante de la Comisión Nacional de Moralización.
Para el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Germán Pardo, el trabajo que vienen haciendo para que Colombia Compra Eficiente sea un ente ajeno a los temas políticos se vería afectado con esta medida.
“Buscamos darle transparencia a los procesos licitatorios, por eso no está bien que los entes con injerencia políticas entren en las comisiones de discusiones de los pliegos tipo”, aseguró.
Pardo dijo que entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de Infraestructura consolidaron un texto sobre el tema que consideran debe ser el que se apruebe en la Cámara de Representantes.
“Esperamos que los pliegos tipo se separen de la agenda política, porque ha sido una bandera anticorrupción para mejorar el desarrollo de los procesos licitatorios del país”, explicó Pardo.
Hace aproximadamente cuatro meses el presidente de la República reglamentó los pliegos tipo para licitaciones de infraestructura.
En cabeza de Colombia Compra Eficiente se ha pasado de tener únicos oferentes en el 85 % de los contratos de las entidades territoriales del país a tener pluralidad de oferentes en el 81 % de los contratos.
Pardo advirtió que si vuelve la injerencia política en los procesos licitatorios habría una deserción de oferentes y una pérdida de confianza.
Fuente: La Opinión 

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Reflexión Presidente SCI

Gran preocupación ha causado al gremio de la Ingeniería liderado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que de una forma soterrada se intente dar al traste con el propósito nacional de mejorar la contratación pública.

El continuo asedio a la lógica filosófica de garantizar INTEGRIDAD en la planeación, transparencia y economía, a través de los PLIEGOS TIPO, nos advierte que debemos estar muy atentos a resguardar y defender las iniciativas que garantizan la buena ejecución de los recursos públicos.

La siniestra inteligencia muchas veces daña lo que la sociedad reclama.

Germán Pardo Albarracín
octubre 1, 2019

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Presidente Germán Pardo asiste al evento #5AñosProBogotá para pensar en el bien común y a largo plazo por la región capital. @ProBogotaRegion

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SCI en Medios | Se investigarán 200 edificios por posibles problemas estructurales: SCI https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/se-investigaran-200-edificios-por-posibles-problemas-estructurales-german-pardo/20191108/nota/3976685.aspx?ssm=tw vía @WradioColombia

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