En el marco del Foro Corrupción en Colombia: Propuestas desde la ingeniería para enfrentarla, se desarrolló el panel Propuestas de reforma a la contratación pública, el cual contó con la participación de Carolina Quintero, subdirectora de Colombia Compra Eficiente, Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander y Ernesto Matallana, docente de la Universidad Externado de Colombia. Durante la primera parte del panel, los panelistas expusieron sus puntos de vista de forma individual, para luego entablar una discusión guiada por el ingeniero Jorge Montoya, presidente de la Comisión Técnica Permanente de Contratación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

Carolina Quintero, abordó los retos que enfrenta la entidad para recuperar su protagonismo en la contratación estatal. Señaló que, aunque la Ley 80 buscó flexibilizar los procesos contractuales para que las entidades públicas pudieran gestionar proyectos de forma más eficiente, su implementación ha sido desigual, lo que ha derivado en problemas como la corrupción y la falta de transparencia. Quintero destacó la importancia de garantizar la publicidad y el control social en los procesos de contratación, mencionando que la creación de un sistema centralizado ha sido un avance significativo en ese sentido. Además, hizo un llamado a reflexionar sobre el papel de las empresas industriales y comerciales del Estado en la contratación pública y su capacidad para competir en igualdad de condiciones con el sector privado.

Por su parte, Cristian Avendaño, subrayó la necesidad de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las autoridades ambientales, las cuales, según él, presentan problemas estructurales de gobernanza y corrupción. Además, mencionó que los mecanismos de control actuales son insuficientes para evitar prácticas corruptas como la manipulación de pliegos de condiciones y el uso indebido de urgencias manifiestas en la contratación de infraestructura. Avendaño abogó por la creación de controles más robustos y la implementación de estudios de ingeniería de detalle (fase tres) como requisito obligatorio en los proyectos de infraestructura, lo que permitiría una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución de las obras.

Ernesto Matallana, expuso el problema del direccionamiento de licitaciones, señalando que en muchos casos los pliegos de condiciones están diseñados para reducir la competencia, limitando la participación de oferentes idóneos. Matallana sugirió que, al igual que en países europeos, Colombia debería implementar mecanismos judiciales más ágiles para corregir estas situaciones y garantizar una competencia justa.

Conclusiones del panel: hacia una contratación pública más eficiente y transparente

Los panelistas coincidieron en que la falta de planeación a largo plazo es una de las principales causas de los denominados «elefantes blancos» en el país. La deficiente coordinación entre entidades nacionales, departamentales y municipales contribuye a la paralización de proyectos, generando sobrecostos y retrasos. Entre las propuestas discutidas, se destacó la creación de una ficha única de control para cada proyecto, lo que permitiría un seguimiento más preciso desde su concepción hasta su finalización.

Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, asegurando que los proyectos cuenten con estudios y diseños adecuados, y que los pliegos de condiciones promuevan la participación de contratistas idóneos. El caso de Centros Poblados fue citado como un ejemplo de las consecuencias que puede tener la falta de idoneidad en la contratación pública.

Finalmente, se destacó el rol que debe jugar la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la implementación de las reformas a la contratación pública. Los panelistas señalaron que la SCI está llamada a liderar la adopción de pliegos tipo y a mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura, garantizando que estos se realicen bajo los más altos estándares de calidad y transparencia.

El foro concluyó con un llamado a fortalecer la colaboración entre el Estado, los gremios y el sector privado para enfrentar los desafíos de la contratación pública en Colombia, con el fin de lograr un sistema más eficiente, transparente y libre de corrupción.