La Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros analizan las iniciativas y proponen 12 posibles cambios.

Los proyectos de consultas previas y vías terciarias, que en conjunto pueden impactar proyectos por más de $50 billones, pasaron al tablero de los gremios.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) están estudiando ambas iniciativas, cuya importancia es alta para el sector transporte, toda vez que son el caballito de batalla del actual Gobierno, tanto a nivel regional como nacional.

CONSULTAS PREVIAS

En principio, la CCI destaca que los mecanismos de participación de las comunidades no deberían supeditarse a la creación de nuevas instituciones, es decir, de la llamada Unidad de Consulta Previa (UCP) que definió el Mininterior en el borrador.

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Además, consideran vital que se eximan de estos procedimientos las obras de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura, y que también esto aplique para las obras que previamente surtieran el trámite de forma satisfactoria.

Igualmente, “el proyecto debe establecer y desarrollar con precisión los requisitos y condiciones que se tendrán en cuenta para identificar e incluir a una comunidad dentro del censo y el registro, así como las condiciones para su operación”, detalla el documento de la CCI, conocido por Portafolio.

Ahora, hablando de costos, dice la Cámara que es vital que se determine quién es el interesado y responsable de la consulta previa, con el fin de dar claridad de quién asume los costos. Y, más allá de esto, rechazan la creación de una tasa para la financiación de la UCP.

“No resulta viable la creación de tributos, tal y como se pretende con la creación de las tasas. Valga reiterar que resulta inapropiado pretender zanjar las dificultades presupuestales de una entidad con la creación de los mecanismos de recaudo”, relata la CCI.

De otro lado, agregan que es importante que se defina un único procedimiento que regule la consulta previa, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cada uno de los proyectos. A esto se suma que debemos manifestar que resulta inconveniente la suspensión indefinida de actividades de la obra o proyecto en particular”, con lo cual “vale la pena que se revisen las consecuencias de orden contractual que esto puede generar”, señala el gremio dirigido por Juan Martín Caicedo.

Por último, indican que deben hacerse claras las definiciones de áreas de influencia, afectación directa, impactos y medidas de compensación, y es necesario “que se contemplen las causales para la declaratoria de renuencia relacionadas con inasistencia de comunidades, adopción de posturas dilatorias, toma de decisiones unilaterales sin previo acuerdo, vías de hecho, variación a lo pactado, etc.”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que es un tema muy sensible y que, por ejemplo, llevaron esta semana a que un concesionario ‘se bajara’ de la vía Cesar – La Guajira.

VÍAS TERCIARIAS

De otro lado, la CCI en conjunto con la SCI, le enviaron una carta al Mintransporte y al Invías, señalando que aun cuando saben que ya se están modificando aspectos de la estructuración de pliegos para las vías terciarias, consideran pertinente reiterar dichas recomendaciones, con el fin de que “se impacte positivamente la calidad de vida de las comunidades aledañas a estos proyectos”.

Así, tanto Caicedo como Argelino Durán, presidente del gremio de Ingenieros, destacan cuatro puntos para esta iniciativa, que tiene a su espalda $1,5 billones ya aprobados.
En primer lugar, consideran que cada uno de los tramos debe contar con estudios y diseños “de detalle”, con el fin de “tener certeza del presupuesto real de las obras, su alcance y el cronograma”.

Además, se debe manejar el pliego tipo al estilo del Invías, entidad que –aseguran– también debería estar a cargo de supervisión e interventorías.

Finalmente, agregan los gremios, los entes territoriales necesitarán recursos para garantizar el mantenimiento de los corredores terciaria.