Por: Ing. Germán Pardo

Luego de ser conocidos los análisis de la Contraloría, y teniendo en cuenta que solo hubo un proponente, es interesante analizar el por qué sucedió lo previsible. Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), continuamente se advirtió al Gobierno que era necesario realizar ajustes particularmente los relacionados con riesgos asociados a no disponer de licencia ambiental, lo cual trasladaba la totalidad de los riesgos al Estado, el cronograma, la evaluación de los impactos ambientales por el nuevo régimen hidráulico del canal, entre otros eran aspectos preocupantes.

Es por ello oportuno hacer algunas reflexiones referentes a este proceso; nuevamente se evidencia que el proceso de planeación es fundamental, estos riesgos tanto ambientales como de contratación que hoy se concretan, tuvieron que ser tenidos en cuenta desde el inicio del proceso. En este sentido, es necesario concientizar a los entes contratantes, bien sean del Estado o privados, que la ejecución de una obra, necesita de un proceso de maduración de proyecto, que después de
identificada una necesidad, se deben hacer estudios de prefactibilidad, analizando la alternativas más conveniente desde el punto de vista técnico y económico para proceder a planear y estructurar los diseños en detalle, luego, sí salir a comprar el servicio de ingeniería, seleccionando las mejores opciones en relación con sus méritos y experiencia técnica.

Este proyecto se pensó para tuviera pluralidad de oferentes y eso no ocurrió, por lo tanto, se debe prever y analizar que si al final se tuvo un solo proponente es porque algo debió ser corregido. Finalmente se evidenció que las recomendaciones de la SCI hubieran podido garantizar una mejor comprensión del proyecto para que este llegara a buen puerto. Hoy lo lamentable es que se ha perdido demasiado tiempo, recursos y se genera una gran desconfianza técnica y contractual; recuperar el rumbo será difícil. Se podrían visualizar aciertos, desaciertos y formular recomendaciones, como a continuación se relacionan:

En primer lugar, es necesario aclarar que el concesionario tenía obligaciones de mantenimiento inmediatas, es decir, que su deber es entrar a atender los puntos críticos que hoy en día están expuestos a inundaciones. Adicionalmente, las obras de protección de orillas y regulación de caudales están pensadas para que la operación del canal sea estable a largo plazo, se disminuyan los riesgos de inundación, se controlen los sedimentos que llegan a Cartagena y se protejan los sitios de captación de agua de consumo de la intrusión salina.

Hay que tener en cuenta que también están las estrategias transversales como, por ejemplo, el ‘Plan Macro’ ejecutado por Cormagdalena, que consiste en una estrategia de inversión social en la región, promoviendo la reactivación de actividades económicas pesqueras y agrícolas, todo esto como resultado de la recuperación de los ecosistemas vecinos al canal.

Ahora bien, qué faltó para que la ejecución de las obras del Canal del Dique tuviera éxito; si bien el esfuerzo de socialización por parte del gobierno fue grande, hubo más de 250 reuniones y 16 consultas previas, aun así, podría decirse que faltó más, puesto que en estos temas siempre la solicitud y divulgación de información puede considerarse infinita ya que no es fácil de surtir ante oídos muchas veces sordos de las mismas comunidades o de los interesados políticos.

A nivel técnico se necesitó más ilustración, faltó pedagogía y hubo un déficit de claridad en la gestión de tierras. En términos legales; el Gobierno declaró que el proyecto no requiere licencia ambiental, por tanto, será el mismo Estado quien tendrá que definir lo que quedó como riesgo público y no el concesionario.

Por otra parte, se le hace un llamado a la autoridad ambiental ya que debe pasar de ser un espectador y más allá de pedir una licencia, debe ser parte activa de la construcción y del consenso técnico, ambiental y social. El paralelismo entre las entidades en general, impide convergencia y ser complementarios.

Después de conocer el documento de evaluación que ha sido difundido por diferentes medios de comunicación indicando que el oferente cumple con todos los requisitos, hace que las decisiones futuras se sustenten con bases sólidas ya que a futuro se podrían generar solicitudes de reconocimientos en el caso tal de que se declarara como fallida la licitación. Son temas complejos jurídicamente y por tanto hay que solicitar análisis y conceptos de muy alto nivel, pasando de un plano
netamente técnico a un escenario complejo jurídicamente hablando.