La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) lamenta enormemente y se solidariza con las familias afectadas en la ciudad de Medellín que tuvieron que desalojar sus viviendas por problemas estructurales en sus edificios. El 23 de octubre de 2019, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), dio orden de desalojo a 246 apartamentos en los que habitaban 750 personas aproximadamente en el proyecto Atalaya de la Mota en el sector de Belén, compuesto por dos edificios de 25 pisos cada uno.

En la semana del 28 de octubre se sumó el caso del edificio Kampala localizado en el barrio Pilarica, que significó el desalojo para 76 familias y más de 200 personas. Según informó el Dagrd, que la orden de evacuación del edificio de 12 pisos y tres sótanos se dio por un estudio realizado por los propietarios y la firma constructora el cual indicaba alto riesgo de colapso de la estructura.

Hasta ahora el cálculo de los edificios que han sido evacuados, los que están aún sin arreglar, algunos ya reforzados y otros demolidos, pueden ser del orden de 20, que involucraron más de 2.000 viviendas y más 10.000 personas afectadas. Estimaciones de Expertos indican que los edificios con estos problemas pueden llegar a ser cientos. En el caso desafortunado de un sismo, el posible colapso de estos edificios “hiper-optimizados”, que no cumplen las normas establecidas, cobrarían la vida de miles de personas y afectarían a muchísimas más; es por eso urgente tomar acciones inmediatas.

Desde que ocurrió la tragedia del edificio Space en octubre 13 de 2013, donde perdieron la vida doce personas, se promovió un cambió en las normas que dieron origen a la Ley 1796 de 2016 y sus reglamentaciones que se hicieron efectivas a partir de julio 1 de 2017 y que, como elemento de seguridad, promovieron importantes cambios, algunos de los cuales tan solo se implementarán en el 2021 según lo dispuesto en el Decreto 922 de 2019.

Dada la falta de velocidad en la expedición de las normas y su falta de alcance, desde 2013 la SCI empezó a promover una serie de foros, que en 2014 y 2015 se continuaron con varios comunicados, pronunciamientos, congresos y seminarios que alertaron sobre la urgencia de hacer la verificación de edificios altos y de ajustar aún más las normas al respecto, que se resumen en los documentos que se listan a continuación:

Para controlar y parar esta tragedia, en el país debemos comprender de una vez por todas la causa de esta gravísima situación. Como los casos anotados le está sucediendo a empresas reconocidas en el sector de la construcción, a empresas de diseño y diseñadores estructurales que llevan muchos años ejerciendo su labor, y no a ingenieros inexpertos, la única causa posible radica en que la ambición desmedida por las utilidades ha llevado a buscar “ahorros” donde no puede haberlos, como en los honorarios de los diseñadores, curadores, revisores y supervisores, o en lograr estructuras más baratas con menos refuerzo o concreto debido a las llamadas “hiper-optimizaciones”, que no son otra cosa que bajar los factores de seguridad de las estructuras y no cumplir con las normas establecidas. Los hechos demuestran que ésta es una práctica criminal ante la cual el Estado debe cumplir su obligación de inmediato, antes de que suceda una tragedia de mayores proporciones aún.

En 2014 el Diario El Colombiano lo había advertido también: “para muchos constructores, académicos y algunos representantes de agremiaciones del sector en Antioquia, algunos sistemas de optimización de recursos son utilizados para implementar modalidades de remuneración basadas en porcentajes de lo ahorrado”.  Es decir, el incentivo perverso de premiar con más contratos al diseñador que cobre unos honorarios más bajos, que haga unos diseños estructurales más rápidos, sumado al premio por menores cuantías de acero y concreto, ¡todo a expensas de la seguridad de la edificación! Se puede hablar de una problemática sistematizada, porque tales diseñadores se apoyan en las herramientas computacionales disponibles hoy en día, manipulan los números y olvidan el criterio, la experiencia y, sobre todo, el sentido ético que todo ingeniero debe imprimir en su trabajo. Además, muchos de estos proyectos no contaron con la participación de una verdadera revisión y supervisión independientes.

Con la norma actual, el promotor del proyecto sigue escogiendo al diseñador, al revisor independiente, a la curaduría urbana, al constructor, al supervisor técnico independiente, al comprador e incluso puede escoger la forma de otorgar las garantías (bancarias, pólizas, fiducias). En la práctica, el promotor tiene la libertad de buscar “ahorros” incluso en los honorarios de quienes controlan la calidad de sus diseños y construcción, como son el revisor y el supervisor y a su vez escoge quien le diseñará y le construirá el proyecto; es decir, juez y parte, lo cual elimina el propósito de la norma, mediante la cual el Estado pretende delegar el control independiente, pero en forma ineficaz, sin que pueda (ni tenga sentido) eximirse de su responsabilidad.

La SCI, insta al Gobierno Nacional a adelantar con urgencia las acciones requeridas, para evitar que tragedias como las que han pasado en esto últimos seis años y las que podrían sobrevenir, enluten a los colombianos y afecten a miles de personas indefensas que confiaron en el control del Estado.

En resumen, estas acciones son:

Para edificios construidos:

  1. Inspección de edificios que no contaron con labores de revisión ni supervisión efectivas o en las que se tenga sospecha de problemas estructurales, e implementación de las acciones que se requieran.
  2. Sanciones ejemplarizantes a profesionales y empresas en las que se demuestre que se ha actuado por fuera de las normas.

Para Futuras construcciones:

  1. Reparto de proyectos privados y públicos en las diferentes curadurías urbanas para tramitar las licencias de construcción (actualmente ese reparto sólo se da para proyectos del Estado y para vivienda VIS unifamiliar), con la no posibilidad de escogencia por parte del promotor. Y pago anticipado de expensas del 100 % del costo total para que la curaduría pueda revisar de manera independiente (hoy en día la curaduría en caso de no aprobar un proyecto sólo recibe el cargo fijo que puede equivaler a menos de un 2 % en proyecto grandes, lo cual no garantiza el pago del trabajo realizado, ni su funcionamiento).
  2. Obligación del seguro como garantía efectiva, y desde ahora sin excepciones de no cubrir casos de terremoto o incendio. A la fecha, la póliza obligatoria de terremoto de zonas comunes tan solo cubre menos del 10 % del costo del proyecto.
  3. Que la escogencia del revisor independiente y del supervisor técnico independiente no sea realizada por el promotor sino por el Estado a través de un sistema de reparto estatal o a través de las compañías de seguros.